25 de noviembre de 2014
25.11.2014
Jaque a la industria del aluminio

La pérdida de sus ventajas eléctricas coloca a la fábrica avilesina de Alcoa al borde del cierre

La empresa, de la que dependen 750 empleos en la comarca, pierde las retribuciones energéticas en la subasta del Gobierno y su viabilidad queda en entredicho

25.11.2014 | 02:07
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La pérdida de sus ventajas eléctricas coloca a la fábrica avilesina de Alcoa al borde del cierre

Las próximas horas serán claves para despejar el futuro de dos de las tres fábricas que Alcoa tiene en el norte de España, las de Avilés -de la que dependen 750 empleos, 500 de ellos directos- y La Coruña, ambas dedicadas a la producción de aluminio por electrolisis y con serios problemas de competitividad debido al repentino e insoportable encarecimiento de sus costes energéticos (que tienen un peso de más del 40 por ciento en la ecuación de costes). La amenaza del cierre de ambas factorías planea en el aire, si bien tanto la dirección de la empresa como los sindicatos evitan pronunciar esa palabra maldita y confían en alguna solución in extremis.

El origen de esta grave crisis en el sector del aluminio español radica en el hecho de que la multinacional estadounidense Alcoa, presente en España desde que en 1998 compró la empresa pública Inespal (antes Endasa), no pudo renovar la semana pasada, en la subasta convocada al efecto por el Ministerio de Industria, la totalidad de las retribuciones que percibe por su pertenencia al sistema nacional de interrumpibilidad eléctrica, y sin ese "colchón" el coste de la factura de la luz de la fábrica de Avilés es inasumible, según recalcaron ayer fuentes empresariales y sindicales.

La portavoz oficial de la empresa confirmó ayer por mañana, a los pocos minutos de que la dirección de la multinacional diera la mala noticia a los comités de empresa, que Alcoa "no tuvo la oportunidad de obtener, en la subasta convocada al efecto, los servicios de interrumpibilidad a los que optaba y que necesita para garantizar la competitividad de sus fábricas de Avilés, La Coruña y San Ciprián (Lugo)". Y añadió: "El mayor impacto potencial de ese resultado de la subasta será en las plantas de Avilés y La Coruña".

La misma fuente explicó qué pasos dará ahora la empresa: "Vamos a analizar en profundidad la situación, echar números y tratar de ver cómo afecta todo esto a nuestro negocio en España. Necesitamos tiempo para recabar toda la información e informaremos en su momento de las posibles novedades que surjan". Sobre un posible cierre de las fábricas que dejarán de ser competitivas por culpa del encarecimiento del coste energético, ni una palabra: "No haremos conjeturas".

Los representantes de los trabajadores de Alcoa en Avilés reaccionaron con prontitud a la nueva amenaza que se cierne sobre la factoría. Daniel Cuartas, presidente del comité de empresa, no eludió la gravedad de la situación -"la cosa pinta mal, para qué negarlo"- pero se mostró confiado en que durante los próximos días, y mediando seguramente la presión social, sindical y política, "el Ministro de Industria, que fue quien tuvo la ocurrencia de convocar una subasta para repartir las retribuciones de interrumpibilidad, tendrá que mover ficha y dar una salida para el sector español del aluminio".

Desde CC OO, José Manuel Gómez de la Uz dijo estar "en clave de recogida de información para ponernos de inmediato a trabajar a fin de arreglar este desaguisado". ¿Cómo? Alguna idea hay: "Dado que al parecer no se han adjudicado todos los derechos de interrumpibilidad y quedó sin asignar un remanente de 200 millones, no parece descabellado que Industria convoque otra subasta a modo de repesca para las industrias que, como Alcoa, se han quedado tiradas". Tanto Cuartas como Gómez de la Uz fueron claros -"con cero euros asignados de interrumbilidad la fábrica no tiene futuro"- pero se negaron a hablar de un hipotético cierre: "Esa palabra no está en nuestro vocabulario".

Alcoa concurrió la pasada semana a la subasta de los llamados derechos de interrumpibilidad con la esperanza de lograr un precio competitivo de su energía, al igual que hicieron Azsa y Arcelor, las otras dos multinacionales de la comarca altamente dependientes del precio de la luz. Esa subasta es novedosa y desde el primer momento generó controversia en la industria por la incertidumbre de su resultado; la ideó el Ministerio de Industria y encargó su realización a Red Eléctrica Española.

Desde 2013, el procedimiento de reparto de las retribuciones por derechos de interrumpibilidad a las que tan sensibles son empresas como Alcoa se hacía de modo lineal y en función del consumo de cada industria, pero el departamento de José Manuel Soria decidió cambiar este año el mecanismo y obligó a pujar por paquetes de energía interrumpible de 90 y 5 megavatios-hora. El Gobierno esperaba reducir así de 750 a 550 millones la partida económica que cada año destina a retribuir la interrumpibilidad. La razón de ser de esas retribuciones es remunerar a las grandes industrias intensivas en consumo eléctrico por su disposición a "desenchufarse" de la red nacional para así liberar electricidad en caso de producirse averías importantes o picos de demanda doméstica, si bien sus detractores las critican porque ven en ellas pagos encubiertos a las empresas.

Alcoa optaba a conseguir, a precios que garantizasen la competitividad de sus centros productivos, seis bloques de energía interrumpible de 90 megavatios-hora y una cifra que no concretó de lotes de 5 megavatios-hora, éstos últimos para cubrir flecos de consumo. La planta aluminera de San Ciprián, en Lugo, necesita para funcionar cuatro paquetes de 90 megavatios y las de Avilés y La Coruña, uno cada una respectivamente. La compañía sólo logró la mitad de los bloques energéticos deseados, que serán asignados a San Ciprián. De este modo, ni la fábrica de Avilés ni la de la Coruña recibirán en 2015 retribuciones por interrumpibilidad, lo que encarecerá su factura de la luz y hará inviable la actividad productiva. "Traspasaríamos la línea roja de los costes y nuestra competitividad frente a otros fabricantes, ya 'tocada', se acabaría de hundir", según el escenario que describen responsables sindicales.

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