La multinacional aluminera Alcoa vincula el futuro de sus plantas españolas a una regulación estable y a largo plazo de los costes energéticos. La compañía rechaza "especular" sobre la segunda subasta del incentivo eléctrico que anunció el miércoles el responsable de Industria del Gobierno, José Manuel Soria (PP). Es más, ayer repitió el mensaje de los últimos días, pese al anuncio del ministro canario: "No sabemos nada de una segunda subasta". ¿Y de haberla? "Habrá que conocer cuando se realiza y las condiciones en que se desarrolla". ¿Y puede satisfacer la nueva puja las necesidades de Alcoa para que puedan seguir operando las fábricas de Avilés y La Coruña? "Alcoa necesita un precio de energía competitivo y predecible en el tiempo para que sus fábricas sean viables".

Como ya informó este periódico, Soria anunció que se celebrará una segunda subasta de interrumpibilidad, el mecanismo ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy para distribuir las retribuciones que asignan a las plantas de alto consumo energético. Alcoa acudió a la primera con la intención de adquirir dos lotes de 90 megavatios, uno para la fábrica de Avilés y otra para la de La Coruña, así como otros cuatro para la de San Ciprián. Esta última consiguió tres lotes, pero la avilesina y la coruñesa se quedaron sin nada. Y saltaron todas las alarmas.

En la puja de la semana pasada salieron a subasta lotes de 90 megavatios (para grandes consumidoras de energía, como Alcoa, Azsa o Arcelor-Mittal) y de 5 megavatios (para empresas de tamaño mediano). Los nueve lotes de 90 que salieron a subasta se adjudicaron, pero quedaron sin cubrir los de menor potencia por importes que suman cerca de 200 millones de euros. Según anunció Soria, serán "esos aproximadamente 200 millones que han quedado sin cubrir los que saldrán de nuevo a subasta". Pero se desconoce cuáles serán las condiciones de esa nueva puja y si se adecuarán a las necesidades de las compañías de consumo intensivo de electricidad, como Alcoa.

La normativa que regula la subasta de interrumpibilidad recoge que la decisión de una subasta extraordinaria corresponde al Ministerio de Industria, previo informe preceptivo de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). Y que la realización corresponde a Red Eléctrica. Ayer trascendió que la CNMC ha autorizado la compra por parte de la firma de inversión Atlas Holding de las plantas de Alcoa en Amorebieta y Alicante, ambas de transformación de productos. La fábrica vizcaína está especializada en aluminio de alta calidad y de alicantina es el principal centro europeo de fabricación de productos con brillo.

Partidos políticos, sindicatos y hasta la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) criticaron el modelo de subasta de interrumpibilidad y exigieron una regulación estable y a largo plazo del precio de la energía para que la industria sea competitiva.

Según datos del sindicato CC OO, los costes por interrumpibilidad representaron el año pasado una bonificación de 650 millones de euros (dinero que recibieron las compañías intensivas en consumo eléctrico para hacer frente a la factura de la luz). El Gobierno redujo en 2014 este incentivo a 500 millones y estableció para su adjudicación un sistema de subasta, similar al que se aplica en las lonjas. Según las mismas fuentes, en la subasta de la semana pasada 26 factorías se quedaron sin ayuda, entre ellas las alumineras de Avilés y La Coruña.

CC OO de Industria subrayó ayer que el Ministerio que dirige José Manuel Soria "se comprometió a observar cómo el resultado de la subasta se adecuaba a las necesidades y a realizar los ajustes que fueran necesarios antes de que arrancara el nuevo año eléctrico", que comienza en enero de 2015. Dada la situación actual, el sindicato demanda al Gobierno "que realice una nueva subasta de respesca en la que se realicen los ajustes que se han detectado, tanto en las 26 plantas que no han entrado en el servicio de bonificación, como en la predistribución de los 200 millones pendientes de asignación".

Los representantes de la UGT y CC OO de Asturias subrayaron que el anuncio de otra subasta no despeja las incógnitas sobre la viabilidad de Alcoa. El motivo, según sendos sindicatos e IU de Asturias: "Porque hasta el momento solo se habla de subasta referida a paquetes de cinco megavatios y no de los de noventa, que son los que requiere la aluminera, y porque sólo sería una solución coyuntural, otro parche.

El coordinador general de IU, Manuel González Orviz, que se reunió ayer con los sindicalistas, calificó de "estafa" la Ley del sector eléctrico. Y pidió, de la mano de CC OO y de la UGT, un nuevo marco regulatorio que garantice la estabilidad de los grandes consumidores energéticos y la transparencia.

El secretario general de CC OO de Industria, Damián Manzano, pidió responsabilidad a Alcoa, para que no caiga en la tentación de romper su compromiso con los trabajadores. "Alcoa también tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad hacia los trabajadores, a los que tanto debe", señaló. Y volvió a señalar al ministro canario con el dedo acusador: "El que la armó, que la repare, y ese es José Manuel Soria y es Ministro de Industria, para desgracia de los trabajadores".

La formación de Orviz , que ha pedido una auditoría del sector eléctrico en el Congreso, pidió ayer una declaración institucional de apoyo a Alcoa en la Junta General del Principado. Los socialistas, que también se reunieron ayer con los sindicatos, respaldan que la Junta se pronuncia a favor de las reivindicaciones de los representantes de los trabajadores a través de una declaración institucional. El grupo parlamentario del PSOE también exigió al "Gobierno de España una solución para Alcoa que garantice el futuro de la factoría avilesina". Reclamó, además, "la necesidad de un marco estable y más a largo plazo para el precio de la energía dada su afección sobre el conjunto de la industria asturiana". El diputado de UPyD Ignacio Prendes también instó al Gobierno a impulsar la reforma energética necesaria para garantizar el acceso a las fuentes de energía "a un precio competitivo".

El eurodiputado socialista Jonás Fernández, llevó al Parlamento Europeo el pasado miércoles la cuestión energética y la crisis de la aluminera. "Necesitamos precios eléctricos competitivos e industriales que no supongan una traba insalvable para la industria", dijo. Sobre el riesgo de cierre de las fábricas de Alcoa en Avilés y La Coruña, lo vinculó a "errores de regulación mal diseñada". "Nosotros mismos estamos dejando que se vaya la industria de Europa. No voy a dejar solo a los trabajadores de Alcoa", se dirigió a los eurodiputados.

El director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, incidió en la necesidad de fijar tarifas eléctricas competitivas tras señalar que el modelo de subasta "no es el mejor posible". Reconoció que Alcoa deberá adaptarse a las nuevas condiciones del mercado eléctrico. Pero añadió: " El modelo se ha cambiado de forma radical". González subrayó que las condiciones para la industria asturiana y española "en suministro y precio no son las mejores posibles".