La siderurgia alerta de que la política industrial amenaza su futuro en España

La siderurgia española alerta de que la política industrial del país amenaza el futuro del sector y arremete contra la subasta de la interrumpibilidad, en la que la multinacional Alcoa resultó la gran damnificada. La Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), colectivo al que pertenece Arcelor-Mittal y que preside el propio Gonzalo Urquijo, rompió ayer su silencio sobre la subasta del incentivo eléctrico. Emitió un comunicado en el que pone de manifiesto su "profundo descontento" por el resultado de la puja, y en el que advierte de que dichos resultados "pueden amenazar seriamente la posición competitiva" del sector en España. La siderurgia dice estar "a la espera de que el Gobierno adopte las oportunas medidas que permitan la competitividad de la industria".

Cuando el Gobierno decidió modificar el sistema de gestión de interrumpibilidad (distribución de retribuciones a las compañías que están dispuestas a bajar el interruptor de la luz en caso de necesidad), Unesid ya advirtió de los "efectos perversos" de la puja para la industria intensiva en consumo eléctrico, en general, en la industria siderúrgica, en general. De hecho, el colectivo presentó un recurso a las últimas normativas que está pendiente de resolución judicial.

El sector considera que la subasta impide un "mínimo de planificación industrial". Y define así el panorama que atraviesa: un precio condicionado por las condiciones meteorológicas y las renovables; una prospectiva de precio de 13 euros por megavatio hora más caro que en Alemania (España es una isla eléctrica y la competencia es limitada), unos costes del sistema imputados a la industria cuatro veces más caros que en el país de Angela Merkel, y una falta de visibilidad en el precio de la electricidad a largo plazo ("no se puede planificar más allá de un año").

Unesid sostiene que "la industria siderúrgica es uno de los pocos sectores que no tienen ninguna ayuda pública, salvo algunas excepciones regladas". "La industria siderúrgica sabe desarrollar su negocio sin necesidad de recurrir al bolsillo del contribuyente, pero necesita poder competir en los mercados internacionales sin estar lastrada por decisiones administrativas", sostiene. Y pone de nuevo Alemania como ejemplo: "En 2014 ha aportado alrededor de 300 millones a la industria electrointensiva para la compensación de los costes indirectos de dióxido de carbono mientras en España el impuesto era de un millón y no se ha materializado".