La razón que subyace en la decisión de Alcoa de iniciar los trámites para promover un despido colectivo en sus fábricas de Avilés y La Coruña es la pérdida de los incentivos eléctricos de los que vino disfrutando la compañía hasta este año. Los perdió en la subasta que ideó el Gobierno para estimular a las empresas como Alcoa, altamente dependientes del precio de la luz, a competir por las retribuciones de interrumpibilidad, unas compensaciones millonarias anuales que aligeran la factura eléctrica de ciertas grandes industrias. Las empresas debían pujar a la baja -es decir, fijar una posición sobre cuánto dinero menos estaban dispuestas a recibir por su disposición a liberar electricidad en caso de ser requeridas para ello- y Alcoa se quedó en fuera de juego.
Uno de los mayores expertos españoles en la materia, Javier Penacho, exdirector general de AEGE -el lobby que agrupa a las cuarenta empresas con más consumo eléctrico de España- y exmiembro del comité consultivo de la Comisión Europea del Carbón y el Acero, terció ayer en la crisis desatada por el resultado de la subasta de las retribuciones de interrumpibilidad y lo hizo para sugerir soluciones que eviten daños irreparables a las empresas como Alcoa.
Penacho escribió en el blog que gestiona en internet sobre la posibilidad de prorrogar durante un trimestre el esquema de pagos previos a la subasta, limitado en todo caso a las retribuciones presupuestadas para 2015 pero medida suficiente para ganar cuatro meses de tiempo en los que poder corregir las distorsiones indeseables surgidas en la subasta. El ex directivo de AEGE opina que el mecanismo de puja por los derechos de interrumpibilidad evidenció "cuestiones a mejorar", como el hecho de que ciertas empresas no lograsen sus objetivos de asignación de paquetes de energía interrumpible por sus condicionantes tecnológicos. En este sentido, Penacho hace ver que cada empresa o industria electrointensiva tiene un perfil diferente de competitividad eléctrica y que el sistema de asignación de retribuciones debe tener ese detalle en cuenta. Este experto pide que el Ministerio recapacite pues no sólo Alcoa se ve en peligro, "aparte de las grandes industrias, que no todas lograron su objetivo, una veintena de pequeñas empresas se quedó también fuera del sistema. ¿Qué hacemos ahora con ellas, condenarlas a su desaparición?".
