Galicia trabaja en paralelo a Asturias para impedir antes del 1 de enero el cierre de las fábricas de Alcoa en ambas comunidades. La presión política y sindical tuvo ayer dos frentes bien delimitados: el presidente del comité de empresa de Alcoa en La Coruña, Nazario Arias, manifestó que la situación "tiene salida", pues piensa que se puede "decretar una moratoria eléctrica para las industrias que, como Alcoa, quedaron fuera del servicio de interrumpibilidad sin perjudicar a los que estuvieron en la puja, de modo que no haya que cerrar ninguna planta". Y desde el partido nacionalista BNG plantearon una "tarifa eléctrica gallega", preferente en sus condiciones económicas como la que recientemente aprobó el Ministerio de Industria para el tejido empresarial del País Vasco.
Nazario Arias denunció la "desigualdad terrorífica" entre pujadores en la última subasta energética, lo que llevó a Alcoa a plantear el cierre de sus fábricas de Avilés y La Coruña, por lo que los trabajadores esperan "que a alguien se le encienda la bombilla y detenga este cachondeo".
La Xunta de Galicia replicó a esta preocupación sindical asegurando a los coruñeses que ya trabaja para encontrar una solución. "Algo están haciendo o, por lo menos, eso nos dicen. Pero no vemos por ninguna parte las condiciones de la segunda subasta ni el anuncio del día de celebración. Todo es incertidumbre, sólo hay elucubraciones. Vamos a intentar no pararnos a pensar, porque si no vamos a acabar mal", apuntó Arias.
Por su parte, el portavoz del BNG, Xavier Vence, pidió que la comunidad vecina tenga unas condiciones energéticas similares a las del País Vasco porque Galicia "se tiene que beneficiar de ser excedentaria de electricidad" -lo mismo que Asturias- y tener "unos costes de producción más bajos que el resto del Estado". Según Vence, Galicia exporta el 40% de la electricidad que genera y la región se tendría que beneficiar de esa circunstancia con un precio de la luz más bajo. Por eso, desde el BNG instan a la Xunta a solicitar unas condiciones preferentes como las que se han aprobado en el País Vasco, donde determinadas empresas tendrán descuentos en sus facturas.
