Si España tuviera que depender exclusivamente del pescado que pueden capturar sus barcos en las aguas nacionales, el último pez disponible se comería mañana y a partir del domingo podría amarrar la flota y tendrían que cerrar las rulas y las pescaderías por falta de producto. Afortunadamente, ese escenario es irreal dado que no todo el pescado nacional se gasta en los cuatro primeros meses del año, sino que su consumo se escalona a lo largo del año, y además existe el colchón comercial de las importaciones, gracias a las cuales se cubre la parte del mercado que no puede abastecer la flota española y que representa entre un 60 y un 65 por ciento del consumo anual de pescado.

El escenario antes descrito es el que cada año por estas fechas invita a imaginar el laboratorio de ideas británico Fundación para una Nueva Economía en base a los datos que elabora sobre consumo y capturas de pescado en los diferentes países europeos. A modo de denuncia del ineficaz sistema de gestión pesquera del que depende el sector, los expertos británicos advierten de que cada año aumenta la dependencia del pescado foráneo, y eso pese a que Europa tiene acceso a ricos caladeros en su inmensa costa. La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla, al menos en países como España, en el alto consumo per cápita de productos de la mar (42,4 kilos por persona y año, casi el doble de la media europea, que es de 22,9 kilos) y en la fijación de cupos de captura cada vez más exiguos. Así las cosas, España figura entre los países más dependientes de toda Europa de las importaciones de pescado, situación agravada este año por una caída de las capturas adelantado en más de un mes la fecha teórica a partir de la cual se agotan los recursos pesqueros propios: el año pasado había sido el 12 de junio.

El director general de Pesca del Principado, Alberto Vizcaíno, se ratificó ayer a luz de estos datos en su convencimiento de que la política pesquera comunitaria debe dar un giro para acabar con el doble discurso que hasta ahora la caracteriza: se predica la sostenibilidad y la conveniencia de prácticas artesanales como las que practica la flota asturiana pero se legisla en contra de ese objetivo.