El exdirector del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, defendió ayer ante el juez los pagos a su equipo denunciados por los actuales gestores y, como ya hizo en ocasiones anteriores, insistió en que sus movimientos en el centro eran conocidos por los integrantes del patronato. Tanto Grueso como los también investigados Joan Picanyol y Marc Martí respondieron sólo a las preguntas del juez y de sus abogados, quienes criticaron que el "Caso Niemeyer" se ha convertido en una "guerra política". "Los partidos se han cargado el proyecto cultural más importante que ha habido en los últimos cien años en Asturias", protestó el abogado de Picanyol, Fernando de Silva.

Pero al Juzgado no cesan de llegar documentos que supuestamente relacionan a Grueso y a otros imputados en el Caso Niemeyer con irregularidades. El abogado de la Fundación del Niemeyer, Alejandro Riera, presentó a primera hora de la mañana de ayer una solicitud de prueba con una serie de correos electrónicos que supuestamente corroboran sus acusaciones, algunos aportados a la investigación por la agencia de viajes que trabajaba con el Niemeyer.

Los actuales gestores del centro sostienen que la entidad soportó un gasto indebido durante cuatro años superior a los 30.000 euros por pagos y conceptos varios sobre Martí, antes de que fuese contratado. Y también sospechan que percibió 6.000 euros en noviembre de 2008 y enero de 2009 sirviéndose para ello de una empresa con domicilio en su ciudad natal, Cambrils (Tarragona). Poca luz aportó el exjefe de producción del Niemeyer sobre estas cuestiones. Martí expuso al juez que antes de ser contratado en 2010 ya venía realizando trabajos para el Niemeyer como colaborador, y que esos pagos se deben a gastos derivados de esas labores, según fuentes poróximas al caso. Pero cuando el magistrado le preguntó por la empresa de Cambrils, se acogió a su derecho a no declarar, según la misma versión. Su abogado, Javier García, dijo al respecto a las puertas del Juzgado: "Estamos recopilando documentación para aclarar eso".

Joan Picanyol expuso lo mismo que ya presentó por escrito su abogado, Fernando de Silva, a finales del año pasado: que recibió 5.000 euros porque dada la carga de trabajo no pudo disfrutar un año de las vacaciones que le correspondían. "Trabajó veinte horas al día durante meses, no tuvo vacaciones en 2010 y por eso la Fundación le abonó una mensualidad en su cuenta. Eso no es delito ni lo será nunca y por eso le han hecho sentarse en el banquillo de los acusados. Me parece kafkiano", protestó De Silva, que confía en que el juez acuerde el sobreseimiento sobre su cliente.

Para Riera, en cambio, todos estos gastos son "injustificados" y apuntan hacia una "administración desleal del director (Natalio Grueso) de la que se han beneficiado Picanyol y Martí". También pasaron ayer ante el juez, pero para declarar como testigos, tres contables que trabajaron para el centro (uno de ellos del despacho del exsecretario de la Fundación del Niemeyer, José Luis Rebollo) y el anterior responsable de gestión del centro. Buena parte del interrogatorio tuvo que ver con la facturación en viajes.