El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) tendrá que abonar 12.000 euros a una avilesina por un diagnóstico erróneo en el Hospital San Agustín. La paciente acudió al centro hospitalario en varias ocasiones por dolencias en la cadera y acabó siendo operada por una fisura que no se detectó en las primeras consultas, según recoge una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La demandante, representada por la letrada María Jesús Suárez González, ingresó por Urgencias el 30 de septiembre de 2010 tras sufrir una caída por dolores en la cadera izquierda y se le diagnosticó una contusión. Regresó el 11 de octubre de 2010 y tras las pruebas oportunas, los facultativos declinaron que presentase una fractura. Cuatro días después tuvo que volver a Urgencias y quedó internada en Traumatología. Tras una intervención quirúrgica, quedó de alta el 25 de octubre y a continuación realizó sesiones de fisioterapia en el Hospital de Avilés.
Según la versión de su representante legal, en el San Agustín se le diagnosticó una contusión en la cadera izquierda sin fractura, cuando la radiografía que le realizaron el 30 de septiembre de 2010 ya presentaba una fisura. La letrada defendió que de haber detectado la lesión a tiempo, "el tratamiento podía haber sido diferente, sin necesidad de intervención quirúrgica", y reclamó a la Administración demandada (el Sespa) el pago de una suma de 60.000 euros.
La radiografía inicial
El Servicio de Salud negó que no se hubiesen puesto todos los medios para determinar un diagnóstico acorde con el historial de la paciente, y también la negligencia médica por error de diagnóstico. Además, aseguró que no existe relación entre la fisura que recoge la radiografía inicial y la fractura que sufrió la paciente. La aseguradora, por su parte, expuso que "de haberse actuado de otro modo a como se hizo, el tratamiento y el resultado habrían sido los mismos" y subrayó que se pusieron todos los medios a disposición de la paciente para diagnosticar su patología.
El juez, en cambio, considera que si una radiografía no es concluyente se puede recurrir a otros exámenes. Y llega a la conclusión de que las pruebas aportadas "ponen de manifiesto que la fractura existía". Así las cosas, señala que "no se puede concretar si las cosas hubiesen sucedido de otra forma de haberse cometido el error" y condena al Servicio de Salud del Principado a abonar 12.000 euros a la avilesina.
