Según asesores fiscales consultados por este periódico, lo deseable sería que Hacienda demostrara el presunto fraude, pero para la Agencia Tributaria es justamente lo contrario: el contribuyente es el que tiene que demostrar el derecho a la exención de un impuesto. Y si no lo consigue debe devolver no sólo las rebajas indebidamente aplicadas en la declaración de la renta, sino también incluso pagar multas que oscilan entre el 30 por ciento y el 50 por ciento, así como intereses de demora de en torno al 5 por ciento.
Tal y como difundió a principios de año la Agencia Tributaria (AEAT), en 2014 recaudó la "cifra récord" de 12.318 millones de euros, de los que 11.484 millones procedían precisamente de actuaciones directas de prevención y control del fraude. Durante el año pasado los inspectores de Hacienda investigaron en toda España no sólo 2.572 casos para comprobar las deducciones por vivienda habitual (con un 65 por ciento de casos sospechosos finalmente comprobados como fraude), sino también 7.410 destinados al afloramiento de alquileres opacos, 2.567 visitas a comunidades de propietarios en relación con irregularidades en la facturación de proveedores, y 2.125 visitas para detectar arrendamientos vacacionales no declarados.
De los dos casos publicados en LA NUEVA ESPAÑA, la pareja que tendría que afrontar un mayor reintegro de subvenciones en caso de que no demuestre que reside en su casa es la de San Juan de La Arena, porque los de Piniella llevan poco más de dos años y medio residiendo en la vivienda. José Antonio Muñoz y Josefina Díaz, de La Arena, sin embargo, compraron ya la casa en 2003, y ahora comenzó a llegarles la reclamación de las cantidades desgravadas: unos 5.000 euros, pero temen que al final sea mucho más si sus recursos no prosperan.
La media de lo que los contribuyentes deducen anualmente por la compra de vivienda se sitúa en los 1.200 euros; un dinero que, para quienes tienen luego que devolverlo porque Hacienda considera que incumplen, se convierte en un "regalo envenenado", tal y como afirma Josefina Díaz. De hecho esta mujer y su marido aseguran ahora que no volverán a pedir una ayuda a la administración aunque piensen que tienen derecho a percibirla, para evitar volver a sentir sobre su cabeza la espada de Damocles.
