La Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las condiciones para participar en las subastas de los derechos de interrumpibilidad de los grandes consumidores de energía eléctrica previstas para finales de este mes y comienzos del próximo (del 31 de agosto al 4 de septiembre). De este acto depende el futuro comercial de las grandes industrias que operan en Asturias, principalmente las multinacionales Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc (Azsa). El fracaso de la aluminera en la primera convocatoria, en diciembre del pasado año, dejó con un pie en la calle a casi un millar de personas: las que trabajan en sus fábricas de Avilés y de La Coruña. "Las condiciones ahora tienen una pinta mejor, sobre todo, en lo que se refiere al aumento de los bloques de 90 megavatios hora, que pasan de nueve a una horquilla entre 7 y 13. En 2014 se presentaron 11 centros de trabajo para adquirir alguno de los nueve bloques que salían a puja. Alcoa-Aviles y Alcoa-La Coruña quedaron fuera. Si no se presentan nuevas fábricas, la cosa no corre peligro", señaló José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés y secretario general de la sección intercentros de CC OO.
En este mismo orden de cosas se manifestó el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, que se mostró ayer optimista sobre la posibilidad de que las subastas para la asignación del servicio de interrumpibilidad correspondiente al ejercicio 2016 puedan cerrarse sin problemas para la industria electrointensiva asturiana. Según el consejero, el incremento de 2.000 a 2.600 de los megavatios-hora a repartir en la subasta y los baremos fijados para optar a los distintos bloques -de 90 o de 5 megavatios- "facilitan" que puedan ser adjudicados a los demandantes sin que suponga un problema para la continuidad de las factorías de algunas empresas. El titular de empleo hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con los secretarios generales de las federaciones de Industria de UGT y CC OO de Asturias, Eduardo Donaire y Damián Manzano, respectivamente, con los que abordó cuestiones "urgentes" como la situación de la tarifa eléctrica o la que se atraviesa en la Fábrica de Armas.
Los sindicatos asturianos mayoritarios exigieron ayer al nuevo consejero de Industria, Francisco Blanco, que haga presión para defender los intereses de la industria asturiana en la próxima subasta eléctrica. En este punto, el secretario general de la Federación de Metal, Construcciones y Afines (MCA) de UGT, Eduardo Donaire, aseguró que los términos del decreto que publicó el BOE no están acordes con los intereses de las empresas regionales. En concreto, el sindicalista criticó que se vaya a subastar paquetes solo por un año, cuando las compañías industriales reclamaron hasta la saciedad que fueran plurianuales. En la misma línea se expresó el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, que pidió a Blanco que "la primera llamada que haga" sea a la dirección de Alcoa para convencerla de que tome los paquetes de la subasta que le sean más ventajosos y para exigirle que presente ya un plan industrial para su planta asturiana.
"Alcoa tiene que apostar por dos bloques de 90 megavatios-hora para que la compañía arranque al 100 por ciento", apostilló De la Uz. Nacho Requena, secretario de CC OO en Asturiana de Zinc (Azsa), señaló las diferencias que existen entre una y otra multinacionales: "Necesitamos la interrumpibilidad a buen precio para crecer; en Alcoa, sin embargo, para sobrevivir", señaló.
Guillermo Ulacia, el presidente de Femetal y de la mesa de industria y energía de la CEOE, destacó ayer en La Granda su desacuerdo con el sistema de subastas. "Es una propuesta española para distribuir los derechos de interrumpibilidad. Se ensayó el pasado año por primera vez y no cumplió al 100 por ciento las expectativas creadas. La energía es crucial para el desarrollo de las industrias generales", destacó. Las carencias que puedan llegar de la posibilidad del fracaso de la subasta se incrementarían con la invasión de las materias primas minerales que proceden de China. "Tenemos un problema crucial: la sobreoferta viene con 'dumping' (precio por debajo de los costes). Se hace necesario que la Unión Europea establezca medidas -imposición de aranceles- para la protección del sector en todo el continente. Asimismo, tiene que inspecccionar la calidad de lo que llega", apuntó Ulacia. Y es que las reglas de juego tienen que ser idénticas para todos los contendientes, defendió Guillermo Ulacia.
El servicio de interrumpibilidad está dotado con unos 500 millones de euros anuales. Consiste en la asignación de compensaciones en el recibo a las grandes empresas por permitir que se les corte el suministro de luz en caso de que lo requiera el sistema. Dentro de la reforma eléctrica y con el objetivo de que los pagos se asignaran de forma competitiva, el Ministerio de Industria introdujo el sistema de subastas a finales del pasado año.
