La condena del "discurso histórico catalán del Estado contra mí" marcó una sesión de charlas de La Granda que ayer repasó la historia de Cataluña desde un punto de vista legislativo y político. Tanto José Sánchez Arcilla, profesor de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, como Emilio de Diego, miembro de la Real Academia de Doctores de España, criticaron la "desobediencia de la legislación actual que está llevando a cabo Artur Mas y la vertiente independentista catalana".

El Gobierno de Mariano Rajoy no se escapa del reproche por parte de los expertos que ayer acudieron a la residencia propiedad de Arcelor-Mittal. "En otro país esta situación sería inconcebible. El Gobierno central les permite a los independentistas hacer lo que quieran", sostuvo Arcilla, quien afirmó que "esta huida hacia delante no es más que un chantaje que están llevando a cabo los sectores soberanistas catalanes para apretar al Gobierno central y que éste suelte más dinero para Cataluña".

El trato legislativo que recibió la comunidad catalana a lo largo de la historia no muestra una actitud discriminatoria a Cataluña, ya que, como explicó el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, "Cataluña tiene su Parlamento propio, en el que el Gobierno de España delega gran parte de las competencias legislativas, con lo que sólo dictamina el Parlamento Español unas pocas leyes generales, que son iguales para todos. Más que perjudicar, a Cataluña se le ha beneficiado muchísimo en los Presupuestos Generales del Estado, ya que se le ha asignado muchos más fondos que a comunidades como Asturias o Galicia".

La cuestión independentista catalana busca, en palabras de Arcilla, "tapar el desastroso Gobierno que ha llevado a cabo Mas y eximir de responsabilidades a la horrible gestión que ha llevado a Cataluña a ser la comunidad más endeudada de España. Mientras se hable de la independencia no se hablará de este asunto". Esta afrenta a la legislación española "no debe quedar impune", expuso José Sánchez Arcilla, quien insta al Gobierno central a condenar y castigar el desafío a la ley vigente. "Mariano Rajoy no debe permitir que esto ocurra", defendió. Por su parte, Emilio de Diego comentó que "la violencia no es gratuita, y quien desobedece la ley debe ser sancionado".

El "discurso victimista" que sirve de base para el anhelo independentista catalán fue también repasado y comentado por los expertos. Según estos, "la noción que sustenta gran parte del argumentario soberanista en Cataluña, que señala que 'el Estado está en contra nuestra y nos persigue', es completamente falsa y no tiene ninguna razón que la sustente".

Emilio de Diego también criticó el "discurso victimista", y añadió que "según este alegato, todos los males de la comunidad catalana son fruto de la corrupción que existe en el resto de España, y parece que Cataluña era un espacio distinto y ajeno a esa corrupción".

"Esto nos ha traído a un discurso historiográfico que oculta unas partes, exagera otras y también desde el otro extremo se produce con excesiva visceralidad, llevándonos a la situación que desemboca en el 27 de septiembre y que nos preocupan a todos", señaló De Diego.