Los tres grupos municipales del concejo -el Partido Socialista, el Partido Popular e Izquierda Unida-Equo-Convocatoria por Gozón- unieron fuerzas esta semana en defensa de los trabajadores y de la industria siderúrgica, dentro del debate de la llamada "subasta eléctrica". En la junta celebrada el pasado jueves a las 13.00 horas, los portavoces de los tres grupos: Jorge Suárez (PSOE), Ramón Artime, (PP) y Pilar Suárez (IU-Equo), firmaron un acuerdo en el que explican que, junto con MCA-UGT y la Federación de Industria de CC OO, creen que la principal causa de la crisis en el sector de la siderurgia es "la errónea política en materia energética desarrollada por la actual Administración central" que, consideran, ha aumentado los costes energéticos y provocado una pérdida de competitividad en el país.

A raíz de esta situación, los portavoces de los tres grupos hacen cuatro solicitudes al Gobierno de Rajoy. En primer lugar, piden que se mantengan las aportaciones económicas a las empresas. "El actual sistema de subastas ha fracasado al no garantizar el acceso de todas las compañías electro-intensivas a este sistema". Por esa razón, piden que desde el gobierno se aporten los 600 millones de euros que demanda la industria siderúrgica, una cifra inferior a los 750 que antes se aportaban.

En segundo lugar, solicitan al Gobierno de España que la periodicidad de estas subastas eléctricas se realice "como mínimo, cada tres años", con el fin, a su juicio, de garantizar la estabilidad del precio durante ese plazo.

En tercer lugar, piden que se introduzcan dos variaciones en la cuestión relativa a los "paquetes de energía". Por ello piden "que se amplíe la oferta de paquetes de 90 megavatios-hora (MW) para evitar que ninguna planta electro-intensiva se quede sin acceso a esta tarifa" y también "que se cree una nueva modalidad de distribución de 50 MW" que, opinan, sería más acorde al consumo actual de las industrias de este sector que los actuales paquetes de 5 MW o 90 MW.

Por último, solicitan que se trasladen los acuerdos a Comisiones Obreras de Industria, a MCA-UGT y al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.