"Van a hacer una subasta energética igual o peor que la del año pasado, parece que el Gobierno quiere ayudar a Alcoa a bajar la persiana". Así reaccionó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alcoa en Avilés, al poco de conocer que el Ministerio de Industria y Energía reducía las condiciones de la puja de interrumpibilidad (el dinero que cobran las empresas por desengancharse de la red) prevista para la próxima semana.
Si el año pasado fueron nueve los bloques de 90 megavatios hora que salieron a subasta, este serán sólo 8. El Boletín Oficial del Estado (BOE) anunció a comienzos de este mismo mes que la cantidad de bloques que sería subastada iba a ser la comprendida en la horquilla 7-13. La Secretaría de Estado de Energía concretó ayer más: serán sólo 8. La multinacional Alcoa conoció la resolución oficial y dijo "estar completamente sorprendida". Una portavoz de la empresa aseguró asimismo que desconocían los motivos de la reducción de los bloques y anunciaron malas noticias si la puja se resuelve de la misma manera que la primera que se desarrolló el año pasado y que llevó a la dirección española de la compañía a presentar un expediente de regulación de empleo por extinción de contratos para toda su plantilla al no haber podido acceder a ninguno de los nueve bloques de 90 megavatios horas puestos en el mercado.
Las reglas del juego marcadas ayer por el Gobierno de España fueron rechazadas tajantemente por el comité de empresa de Alcoa en Avilés. "Llevamos todo el año diciendo qué es lo que se hizo el año pasado mal, qué es lo que había que mejorar. Pues no nos han hecho ni caso. Lo han hecho peor si cabe", denunció De la Uz. Se da la circunstancia de que el Gobierno comunicó a la empresa Inovyn-Solvay, en Martorell (Barcelona) que tiene que devolver el dinero percibido en el primer semestre de este año por participar en la subasta de interrumpibilidad eléctrica. Esta orden, asegura el comité de empresa de la fábrica de PVC, pone en peligro la fábrica y sus 500 puestos de plantilla y, además, la impide que participe en la subasta de este lunes próximo y también la prevista para 2016. "¿Es el bloque que cogieron los de Solvay el que ahora retira el Gobierno?", se preguntaron en medios sindicales.
La situación a la que se enfrenta Alcoa es la peor de las posibles. Rubén Bartolomé, el presidente de Alcoa España, advirtió el pasado martes a los representantes de los trabajadores que ni con una subasta buena, se iban a levantar las fuertes pérdidas de las fábricas españolas de la multinacional norteamericana, unas pérdidas cuantificadas en algo más de cuarenta millones de euros. "Pese a quien pese, Alcoa se tiene que presentar a la subasta del lunes que viene y hacerlo con el objetivo de coger bloques suficientes para que las plantas de Avilés, La Coruña y San Ciprián se mantengan operativas un año más", instó De la Uz. Una portavoz de la empresa confirmó este hecho que la compañía estará pujando desde el primer momento.
En 2014 se convocaron dos subastas de interrumpibilidad. En la primera se pusieron en el mercado 9 bloques de 90 megavatios hora, el más importante, destinado principalmente a fábricas electrointensivas, es decir, de consumo energético espectacular. Se presentaron once centros de trabajo, esto es, dos más de la oferta original. Alcoa es una de las empresas que más electricidad consume a la hora de producir aluminio primario, que es lo que hace en las fábricas españolas. Apostó por cuatro bloques para la planta de San Ciprián, uno para Avilés y otro para La Coruña. Sólo pudo hacerse con tres en San Ciprián y no accedió a ninguno en sus otras dos fábricas. Así que, ni corto, ni perezoso, la compañía presentó en ERE para cerrar que se salvó con la segunda subasta.
