La sociedad Nueva Rula de Avilés, de la que depende la comercialización del 75 por ciento del pescado fresco que llega a los puertos asturianos, pagará algo más de un millón de euros -la cifra exacta no ha trascendido- para arreglar sus cuentas con Hacienda y que la Agencia Tributaria cierre la investigación fiscal de la que ha sido objeto la entidad y que tiene su origen en la presunta comercialización de pescado sin la pertinente declaración del mismo, una práctica que antes de aflorar en Avilés fue noticia en otros mercados pesqueros españoles, lo que da idea, según los profesionales del sector, de la generalización del llamado "pescado negro".

Para regularizar la situación fiscal de la sociedad, el consejo de administración de la rula avilesina se aviene a liquidar las cuotas del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no satisfechas durante los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2012, así como los recargos pertinentes por los atrasos y la sanción asociada a la supuesta defraudación. El interés de los gestores de la Nueva Rula de Avilés estriba ahora en buscar la forma de pagar la deuda contraída con la Agencia Tributaria sin comprometer el equilibrio económico y financiero de la sociedad, que lleva dos años dando beneficios.

Con la asunción de su responsabilidad en la comercialización de pescado invisible a ojos del Fisco los miembros del consejo de administración de la rula evitan abrir un litigio de resultado incierto y que podría tener repercusiones penales. La Agencia Tributaria, independientemente del acuerdo alcanzado con los rectores de la rula, mantiene abiertas otras investigaciones fiscales derivadas que afectan a armadores, comercializadores de pescado a gran escala y minoristas.

Algunos de esos empresarios pesqueros sobre los que se ha posado la lupa inspectora de Hacienda ven con preocupación y evidente malestar que la sociedad gestora de la rula se avenga al pago de la sanción que propone la Agencia Tributaria, pues de ese modo entienden que la institución, al no mostrar discrepancias ni litigar, asume como cierta la pasada comisión de delitos fiscales y hace un flaco favor a los actores del negocio pesquero que proclaman su inocencia y tienen previsto ir a la vía contenciosa para demostrar que están al día de sus obligaciones tributarias y que en ningún caso comerciaron con "pescado negro". Sobre algunos de esos empresarios pesa la amenaza de sanciones por importes superiores a los 500.000 euros. Uno de los afectados que proclama la legalidad de sus transacciones pesqueras expresó así su preocupación por la que se avecina: "Hacienda nos ha metido a todos en el mismo saco sin aportar pruebas; pretende que paguemos inocentes y pecadores, y eso es injusto. Habrá batalla en los tribunales, con toda seguridad".