Izquierda Unida exigirá al Gobierno del Principado que solucione de una vez por todas los problemas con la seguridad privada en el Hospital San Agustín después de que el servicio "haya quedado en el limbo tras una rescisión del contrato a la adjudicataria por incumplimientos y una posterior adjudicación a una tercera empresa que, finalmente, desistió". Para la diputada autonómica Marta Pulgar la situación es especialmente grave dada la singularidad de los servicios de urgencias en los que, a su juicio, "siempre hay incidencias".

Con el objetivo de que se aclare qué soluciones se están estudiando, Pulgar presentó una pregunta escrita al Consejero de Sanidad reclamando información sobre las medidas que se adoptarán para garantizar que la actividad en las urgencias del San Agustín se desarrolle en las condiciones de seguridad necesarias tanto para los pacientes como para trabajadores sanitarios. "Creemos que es una prioridad, y debe ser una prioridad del Gobierno solucionar esos problemas", concluyó la parlamentaria.

El área sanitaria avilesina carece de vigilantes de seguridad tanto en el San Agustín como en los centros de salud y en el dispensario de metadona para toxicómanos. Los controladores están de baja laboral si bien en los últimos días algunos fueron dados de alta médica. A sus patologías, avaladas por los profesionales médicos, los vigilantes, vinculados a la empresa Seguridad Empresarial Navarra, suman casi cuatro meses sin cobrar.

La asociación de vigilantes de seguridad privada "Marea Negra" de Murcia denunció ayer, en el mismo sentido, un nuevo caso de "incompetencia" por parte de las administraciones que afecta al Hospital San Agustín. "Queremos mostrar nuestra preocupación por los profesionales avilesinos ya que además de estar sin salarios se encuentran en una situación de desventaja, todo ello porque el responsable de sacar a concurso el servicio del hospital no se molestar en hacer cumplir el artículo 85 del Reglamento General de Administraciones Públicas, que en uno de sus apartados exige que la empresa que se haga cargo del servicio debe ser solvente y estar día con los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social, y como siempre prima el precio que van a cobrar", concluyeron.