La exdiputada del PP en el Congreso y actual presidenta del partido en Avilés (Asturias), Carmen Rodríguez Maniega, ha mostrado este viernes su "cabreo" por la "polvareda levantada" por las indemnizaciones que cobran los políticos que no han encontrado trabajo tras abandonar el Congreso.

"Es más grave que ciertos políticos estén financiados por otros países, que les pudieron pagar el teléfono", ha dicho en declaraciones a Europa Press, en referencia al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su posible vinculación con Irán.

Rodríguez Maniega ha hecho referencia a que esta prestación se venía cobrando en etapas anteriores y es porque los exdiputados no tienen derecho a prestación por desempleo. Ha añadido que tampoco supone que coticen en la seguridad social y que es incompatible con otras ayudas.

"Si llego a haber encontrado trabajo dirían que es una puerta giratoria. Solo pido la misma consideración que el resto de personas que buscan trabajo", dice la ex diputada popular, que cuenta con dos carreras (Psicología y Pedagogía) y afirma haber continuado formándose durante sus dos legislaturas en el Congreso.

"Para mi sería una gran noticia no cobrar la prestación. Yo lo que quiero es trabajar. Llevo haciéndolo 25 años y no sirvo para estar de brazos cruzados", ha dicho Rodríguez Maniega. La empresa en la que lo hacía antes de ser diputada presentó un ERE y al acabar la pasada legislatura vio que no podría volver allí.

En su caso, además, apunta a una serie de dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. Además de la propia crisis económica recuerda que "yo vivo en una comunidad donde gobierna la izquierda y mi militancia activa en el PP me limita".

INDEMNIZACIONES

Los diputados que cesan en sus cargos por la disolución de las Cortes tienen derecho a la denominada indemnización de transición, que equivale a dos meses del sueldo que venían cobrando (tanto la asignación constitucional como los complementos que les correspondieran) y se abona en un solo pago.

Además, quienes pierden su escaño bien porque no concurre a las elecciones o bien porque no es elegido, pueden solicitar una indemnización por cese que les permitirá cobrar durante dos años su asignación constitucional (2.813 euros), pero no los complementos que se sumaran a sus antiguas nóminas por sus respectivos cargos parlamentarios.

Según el listado hecho público por el Congreso, son un total de 64 los exdiputados que han pedido esta indemnización, aunque seis ya han renunciado a ella.

Además, todavía hay un centenar de exdiputados que sigue cobrando las pensiones parlamentarias que se suprimieron hace unos años para los nuevos diputados pero que han continuado percibiendo los que lo hacían hasta ese momento.

También hay medio centenar de diputados que perciben un complemento de pensión que les paga el Congreso para que puedan percibir la pensión máxima y que, por tanto, varía en cada caso. Hace dos legislaturas la Cámara eliminó esa ayuda, pero los que venían recibiéndola hasta entonces lo han seguido haciendo.

En el régimen de protección social de sus señorías se incluye, asimismo, una ayuda para los cónyuges (las que la cobran en la actualidad son unas 60 viudas) o huérfanos de los diputados que, a su fallecimiento, queden en una situación económica complicada. Esta ayuda hay que solicitarla expresamente y, si se concede, se revisa de forma anual.