El exalcalde corverano por el partido independiente USPC Luis Belarmino Moro tomó ayer la palabra para defender la limpieza de la contratación en 2009 de una asesoría jurídica externa, un acto administrativo en el que ahora la Fiscalía ve indicios de posible delito de prevaricación, motivo que ha llevado al juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo a abrir una investigación que también involucra a la exconcejala Ana Belén Toro y al secretario municipal Ramón Chaves. La versión de Moro es que, lejos de prevaricar -es decir, "tratar de favorecer a sabiendas de su ilegalidad a una empresa o persona", según él mismo explicó- lo que persiguió con la contratación directa del bufete ovetense Queipo y Riego fue "ahorrar dinero al Ayuntamiento". Y esto es así porque, según el exalcalde, "el contrato contenía una cláusula en virtud de la cual, dado el caso de que esos abogados tuvieran que haber defendido al Ayuntamiento en algún proceso judicial, cobrarían los honorarios mínimos marcados por el Colegio de Abogados de Oviedo".
Pero, además de esa presunta connotación ahorrativa que destaca Moro, el exalcalde hace ver que la adjudicación del contrato jurídico fue "irreprochable" toda vez que "se hizo con informes favorables de los servicios económico y jurídico municipal". Es por eso que el político ahora investigado por este asunto se pregunta: "¿Quién era yo para llevar la contraria a dos técnicos diferentes del Ayuntamiento que vieron bien hacer la contratación en los términos propuestos?"
Sobre las razones que llevaron al entonces alcalde de Corvera a contratar por valor de 17.980 euros (20 menos de los que hubieran obligado al Ayuntamiento a convocar un procedimiento abierto y público) los servicios de un bufete privado cuando en el Consistorio había técnicos capacitados para la misma labor, Belarmino Moro razona que "ciertos asuntos con connotaciones políticas no podían ser puestos en manos de los técnicos de la casa; alguien de afuera siempre sería más independiente en esos casos".
Al respecto de la interpretación que hace la Fiscalía sobre la existencia de "añadidos económicos" que "engordarían" el precio de la concesión y, en consecuencia hubieran obligado a convocar un concurso público para adjudicar el servicio de asesoría, Moro discrepa de tal interpretación e insiste en la "voluntad de ahorro" manifestada en la fijación de una cláusula de honorarios mínimos.
Moro, que también figura entre los investigados por la llamada "trama del agua", en el apartado que trata de desentrañar las relaciones entre la empresa Aquagest y el Ayuntamiento de Corvera, dice sentirse víctima de una "campaña de difamación" y que aún está a la espera de que alguien ponga sobre la mesa, más allá de especulaciones, "pruebas concluyentes de los supuestos delitos cometidos".
