Una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) del pasado 30 de marzo confirma la ilegalidad que cometió el Ayuntamiento de Castrillón al haber aplicado el gobierno local de IU un incremento retributivo a dos trabajadores municipales denominado factor "L" y prohibido por la ley de Presupuestos Generales del Estado. La sentencia del TSJA ratifica otra del juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo de 30 de septiembre de 2015.
El fallo judicial obliga a dos trabajadores municipales a devolver los incrementos salariales percibidos desde 2012 y podría ser causa de anulación de los presupuestos municipales aprobados desde entonces en Castrillón, según la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (USIPA-SAIF), que presentó el recurso. Las cantidades a devolver, según el sindicato superarán los 100.000 euros.
El TSJA impone el pago de las costas al Ayuntamiento. Se trata de la cuarta sentencia que gana el sindicato USIPA-SAIF, segunda fuerza sindical en el Ayuntamiento. Previamente, el TSJA y el Tribunal Supremo habían declarado nula la relación de puestos de trabajo y la aplicación del factor "L" aprobado por el gobierno de IU en 2012 y que afecta a los mismos trabajadores.
"La sentencia vuelve a condenar en costas al Ayuntamiento, cantidad que se suma a los 6.000 euros ya impuestos por el Supremo y que deben de pagar los castrillonenses por la negligente política de personal de la alcaldesa, Yasmina Triguero", señaló un portavoz de USIPA.
"Pese a la postura mantenida por el gobierno castrillonense de IU, los dos trabajadores afectados deben reintegrar las cantidades percibidas ilegalmente desde 2012. Nosotros ya nos habíamos opuesto a que fueran todos los trabajadores municipales con su salario los que afrontasen las cantidades que deben reintegrarse a las arcas municipales", añadió.
La última sentencia está ligada a la de 2014 que anuló las subidas salariales de los dos trabajadores. Los hechos se remontan a 2012 cuando el gobierno local aprobó en el Pleno del 31 de mayo de ese año la revisión de puestos de trabajo. USIPA recurrió el acuerdo alegando que incluía subidas de sueldo encubiertas e incumplía la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 que disponía que ese año las retribuciones del personal al servicio del sector público no podían experimentar ningún incremento en relación con las que percibían al 31 de diciembre de 2011. El acuerdo fue declarado ilegal por el tribunal y recurrido ante el Supremo, que mantuvo la ilegalidad. USIPA volvió a recurrir la relación de puestos de trabajo de 2014, la que ahora anuló el TSJA.
El sindicato tiene pendiente otro juicio contra el Ayuntamiento, al que denunció por aplicar una subida del 0,9% para este año y no el 1% como prevé la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. "El gobierno local pretende que sean todos los trabajadores municipales los que asuman con su sueldo el incremento salarial con los que la Alcaldesa lleva premiando desde 2012 a dos trabajadores municipales", afirmó un portavoz del sindicato. La concejala de Interior de Castrillón, Mar González, señaló ayer que USIPA es un sindicato minoritario. "Resulta llamativo que se erijan en portavoces del resto de sindicatos y trabajadores municipales, quizás habrá que recordarles a sus representantes que no ostentan la mayoría de las voces de este Ayuntamiento y que hay otros muchos sindicatos que sí representan y defienden verdaderamente los derechos de todos los trabajadores", dijo.
"La propuesta de ejecución planteada por el equipo de gobierno es la menos dañina para los trabajadores municipales ya que afecta únicamente a dos puestos y no a los 65 que USIPA pretendía cuando denunció la relación de puestos de trabajo de 2012. Creo que queda claro quién defiende los intereses de los trabajadores y quién no", afirmó la concejala sobre la última sentencia del pasado 30 de marzo que se hizo pública ayer.
