El juez encargado de tramitar la denuncia que presentó la multinacional Alcoa solicitando el desalojo de los antiguos empleados de Montrasa Maessa que ocupan desde el pasado martes unos barracones de la fábrica en protesta por su indefinición laboral denegó ayer la petición de la empresa aluminera y, en consecuencia, da oxígeno a la continuidad del encierro. Los servicios jurídicos de Alcoa analizan ahora el auto del juez para decidir cuál será el próximo paso de la empresa; independientemente de eso, una portavoz de la compañía reiteró que los encerrados "no tienen relación personal ni contractual con la fábrica, se hallan en una propiedad privada y alteran la actividad industrial que en ella se desarrolla por lo que les instamos amistosamente a que desistan de su actitud y procedan a un desalojo pacífico". Reconfortados por la decisión del juez, los encerrados, que por la mañana habían desplegado una pancarta y procedido a bloquear el acceso a la fábrica durante varios minutos, celebraron una asamblea para analizar su situación y plasmaron su principal reivindicación -la incorporación laboral a la plantilla de Alcoa en ausencia de empresa auxiliar a la que subrogarse- en una carta que enviaron a todas las partes con intereses en el conflicto.
