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Las empresas urgen cambios energéticos tras el aval europeo a la subasta eléctrica

Las grandes compañías y el Principado reclaman una reforma global para el espaldarazo comunitario al "último parche" del Gobierno del PP

Instalaciones de Asturiana de Zinc (Azsa) en San Juan de Nieva. RICARDO SOLÍS

España ha pasado, el menos en lo que al sistema de interrumpibilidad eléctrica se refiere, el examen preliminar de la Comisión Europea, que había encargado un informe sectorial sobre los distintos mecanismos de capacidad eléctrica que funcionan en la Unión y las posibles disfunciones competitivas que generan. La existencia del llamado sistema de interrumpibilidad eléctrica es vital para tres de las grandes industrias asturianas, las tres afincadas en la comarca: Alcoa, Asturiana de Zinc (Azsa) y Arcelor, que perciben unos 100 millones de euros al año gracias a ese mecanismo de regulación eléctrica.

La interrumpibilidad, vigente en España desde la década de los años ochenta del pasado siglo, es un sistema ideado para liberar potencia y ponerla a disposición del operador, previo "desenganche" de la red de las factorías industriales con gran consumo de luz, cuando la demanda de energía eléctrica supera a la producción. En la última década nunca ha hecho falta recurrir a este mecanismo de emergencia, pese a lo cual las industrias siguen cobrando por mantener el sistema operativo.

En toda España, y para este año, son 132 las compañías que reciben pagos por estar vinculadas al régimen interrumpible; esas empresas se embolsarán en total 507,8 millones de euros, que son unos 245 menos que cuando en 2013 el Gobierno de Rajoy decidió implantar un nuevo y controvertido sistema para repartir las retribuciones de interrumpibilidad: la subasta competitiva que ahora Europa avala e, incluso, pone de ejemplo de buena práctica.

El exministro de Industria José Manuel Soria explicó en su día que el cambio del anterior sistema -en el que las compañías electrointensivas recibían las primas de interrumpibilidad por adjudicación administrativa- al actual de subastas se trataba de un intento por evitar situaciones como las vividas en Italia, donde Alcoa fue multada con 300 millones de euros por recibir este tipo de incentivos, que a ojos de la Unión Europea tenían carácter de ayudas de Estado. Aquella sanción supuso el cierre de dos fábricas de aluminio en el país transalpino.

Lo que dice el informe técnico que ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión Europea sobre el modelo español de gestión de la interrumpibilidad es que "resulta poco probable que los procesos de adjudicación administrativa (como el que funcionó en España hasta 2014) revelen el verdadero valor de la capacidad eléctrica y, por tanto, resulta complicado que sean rentables". Y sigue: "En España, por ejemplo, el precio de un servicio de interrumpibilidad se ha reducido casi a la mitad después de celebrar una subasta competitiva, un método que sí revela el valor real de la capacidad eléctrica de forma más precisa".

El modelo español de subasta de derechos de interrumpibilidad funciona a la inversa del de las lonjas de pescado: el adjudicatario de los paquetes de energía interrumpible (y en consecuencia del dinero asignado a los mismos) es aquel postor que pide menos dinero por gestionarlo. Este mecanismo genera graves trastornos a Alcoa, cuya estructura de costes, altamente dependiente del coste de la luz, le impide competir a la baja por los lotes interrumpibles con la misma agresividad que otras industrias. Y debido a esta circunstancia, la multinacional lleva varios años advirtiendo del riesgo de deslocalización de sus factorías españolas, entre ellas la de Avilés.

Las tres grandes industrias asturianas afectadas por la interrumpibilidad eléctrica valoran la conclusión a la que llega al respecto el informe que maneja la Comisión Europea y el sistema español de adjudicación competitiva. "Debemos tener en cuenta que este sistema tiene como positivo el hecho de que da visibilidad al precio a través del sistema de subasta, y no es una mera disposición administrativa que no arroja luz sobre los precios", comentó una portavoz de Azsa.

Esa por eso, prosigue la misma portavoz, que "los consumidores intensivos -Azsa entre ellos- entienden la necesidad de la interrumpibilidad como algo fundamental para la seguridad del sistema eléctrico en España, así como para la competitividad de la industria. Del mismo modo, reiteran su petición de un suministro eléctrico seguro, predecible y competitivo".

El mantra que recitan los responsables de Azsa -"necesitamos un suministro eléctrico seguro, predecible y competitivo"- es el mismo que suscriben Arcelor y Alcoa. Y es que, pese al respaldo a la fórmula de la subasta de los derechos de interrumpibilidad, las grandes industrias hacen ver que, aún así, el precio de la energía eléctrica en España está entre los más caros de la Unión Europea y eso les resta competitividad. Es decir, que abogan por más medidas que abaraten el precio que pagan por la luz.

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