Los tres imputados por ayudar supuestamente a morir a una mujer en un hotel de Avilés en 2012 defenderán su inocencia el próximo 24 de mayo, cuando se sentarán en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 1 de Avilés. La Fiscalía pide penas de entre seis años y diecisiete meses de cárcel para los encausados, dos de ellos vinculados a la asociación Derecho a Morir Dignamente. El colectivo aclaró ayer que pedirá la libre absolución y que ofrecerá su versión de los hechos antes del juicio "para informar con total transparencia a la opinión pública" de su versión de los hechos.
El caso que ahora llega a juicio se remonta a marzo de 2012. Fue entonces cuando la mujer que se suicidó en Avilés se puso en contacto con un voluntario de Derecho a Morir Dignamente de Cataluña (ya fallecido) porque "sufría un trastorno de personalidad con depresión y quería quitarse la vida", extremo que ya había intentado en varias ocasiones. Siempre según el relato de la acusación pública, el voluntario estaba en contacto con el médico ahora imputado, que presuntamente le suministraba medicamentos.
Unos meses después, prosigue el escrito de acusación de la Fiscalía, el voluntario ya fallecido y la mujer decidieron verse el 17 de mayo de 2012 en el paseo de Zorrilla de Valladolid. El hombre entregó a la mujer pentobarbital sódico -un anestésico utilizado en medicina veterinaria- a cambio de 6.000 euros, siempre según la Fiscalía. Posteriormente, ambos se dirigieron a Avilés y ella se alojó en un céntrico hotel de la ciudad. Ya en su habitación, la mujer ingirió el fármaco combinado con zumo y falleció entre las siete y las nueva de la noche de ese mismo día. Su organismo contenía una dosis letal del anestésico.
El Ministerio Público alude en su escrito de acusación a un sistema de compras de pentobarbital en México, a través de internet. En la investigación se descubrió, además, cómo dos de los imputados intentaron suministrar supuestamente medicamentos a un enfermo terminal gaditano. Los investigadores interceptaron los medicamentos y las pautas para administrarlos antes de que llegaran a su destino.
Los imputados son el fundador de "Encasa Cuidados Paliativos" (de la asociación Derecho a Morir Dignamente), una voluntaria del colectivo y hermano del enfermo terminal de Cádiz, supuestos autores de un delito de cooperación al suicidio. A los dos primeros también se les atribuye un delito contra la salud pública.
