El Ayuntamiento de Avilés ha ordenado a la empresa Tadarsa a que suspenda de manera inmediata los trabajos de almacenaje de grandes piezas de ingeniería en una parcela de la margen derecha de la ría, entre la factoría Alcoa y la cantera de El Estrellín, ya que carece de la perceptiva licencia de actividad. El servicio municipal de licencias y disciplina urbanística también pone en entredicho las obras realizadas por la compañía para acondicionar esos terrenos y afirma que "no puede legalizar" los trabajos de construcción tanto de la escollera como de la ampliación de la parcela hacia la zona de agua "ya que no están previstos en el plan especial del Puerto" e insta a su demolición y a restaurar "la realidad física alterada". El Ayuntamiento había ordenado a la empresa el pasado octubre que paralizara esos trabajos, pero hicieron caso omiso, según un acta de inspección municipal fechado el 1 de febrero.

El Grupo de Ornitología Mavea viene reiterando desde hace más de un año que en esa parcela se estaban realizando movimientos de tierra sin las autorizaciones correspondientes. Y ahora el Ayuntamiento les da la razón. "Se han realizado obras sin licencia, incluyendo actuaciones que ni siquiera estaban en la solicitud de permiso y contraviniendo una orden municipal expresa de paralización de las mismas. Hace unos días hemos recibido la notificación del Ayuntamiento en la que queda claro que las escolleras realizadas por Tadarsa ni siquiera son legalizables porque no están previstas en el plan especial del puerto de Avilés", afirmó ayer Mavea en un comunicado.

El Grupo de Ornitología aseguró que no solo la empresa está "contraviniendo" las normas urbanísticas. "La Autoridad Portuaria queda en una situación comprometida por autorizar obras que no están incluidas en su plan especial y por permitir obras que no tienen la preceptiva licencia municipal", aseveró el colectivo. Mavea también denunció esos trabajos ante el Defensor del Pueblo, que los está investigando.

El Ayuntamiento inició el proceso contra la empresa Tadarsa en septiembre del año pasado. Según consta en el expediente municipal, técnicos municipales visitaron la zona y comprobaron que se estaban acometiendo obras en la parcela sin licencia: la compañía no había presentado la documentación requerida. El 19 de octubre ordenó la paralización de los trabajos de construcción de una escollera y de regularización del terreno y dio dos meses a Tadarsa para aportar la documentación necesaria para legalizarlos.

Días más tarde, siempre según el informe del Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria presentó un escrito "en el que se manifiesta que las obras que se ejecutan no están sujetas a control preventivo municipal por considerarse propias del uso portuario" y poco después la empresa desistió de la solicitud de licencia de obras municipal. Sin embargo, el 17 de diciembre, el área de Urbanismo emitió una nueva resolución en la que desestimaba la pretensión de ambas interesadas y dando diez días de plazo de Tadarsa para que manifestase que no quería legalizar las obras y, por tanto, optaba por la demolición "de lo indebidamente construido".

A principios de enero, la Autoridad Portuaria aportó al expediente el proyecto de formación de explanada en la zona portuaria para el almacenaje de piezas de acero, promovido por Tadarsa. Una vez analizado, el Ayuntamiento emite otro informe el 16 de marzo en el que se asegura que el proyecto presentado no es de legalización sino de ejecución y requiere a la empresa la presentación de documentación para restaurar la realidad física alterada y demoler las escolleras y la ampliación de la parcela que no están previstos en el plan especial del puerto, "ya que en el marco de un trámite municipal de legalización, no es posible amparar esas obras".

Con ello, el servicio jurídico de licencias dispone ordenar a Tadarsa "la inmediata suspensión" del funcionamiento de la actividad de almacenaje de piezas y le da un plazo de dos meses para solicitar la licencia de actividad, presentando para ello el proyecto técnico ajustado a las determinaciones del Reglamento de Actividades Molestas, "que defina dicha actividad, construcciones a ubicar y medidas correctoras a implantar". Además, el Ayuntamiento concede trámite de audiencia a los interesados antes de dictar la resolución denegando la licencia para legalizar las escolleras.