Partidos políticos y sindicatos exigieron ayer a Alcoa que, si opta por la venta de la planta de Avilés, lo haga a quien ofrezca un plan industrial acompañado de inversiones que garanticen la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo en la factoría, que emplea a 400 trabajadores directos y a unos 80 de compañías auxiliares. Tanto el PP como el PSOE, además, se cruzaron los primeros reproches por las políticas energéticas de sus respectivos gobiernos y unos y otros pidieron "que no se politice" la situación que atraviesa la aluminera de San Balandrán.

El portavoz de los populares avilesinos, Carlos Rodríguez de la Torre, señaló que la alcaldesa, Mariví Monteserín, "no ha estado a la altura" en sus declaraciones tras trascender la operación de venta en ciernes. La Regidora socialista relacionó la posible marcha de Alcoa con la "falta de una política industrial" por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. "Esta situación es derivada de cuatro años sin Ministerio de Industria (José Manuel Soria), ahora felizmente desaparecido", dijo Monteserín.

"Esto no es una consecuencia de los cuatro últimos años. La Alcaldesa no puede utilizar la situación actual como un arma arrojadiza por un puñado de votos, sus declaraciones dejan mucho que desear. Le pido máxima prudencia y respeto", señaló De La Torre. El PP asturiano también solicitó al consejero de Industria, Francisco Blanco, no politizar el asunto y que transmita al Gobierno central que tome "decisiones que puedan solucionar el problema de la factura eléctrica".

Reproches aparte, Rodríguez de la Torre subrayó que, ante cualquier posible venta, "se preserven todos los puestos de trabajo" y que venga acompañada de inversiones, puesto que si no "la incertidumbre continuará" en años venideros. "Es una plantilla joven, muy cualificada y que se ha adaptado a las circunstancias. Hay que vigilar y tutelar que se mantenga el empleo. Tampoco se puede olvidar el precio de la energía, los sistemas que se han aplicado igual no han sido los mejores; pero, insisto, esto viene de muy atrás, no de los últimos cuatro años", concluyó el popular.

Su homólogo en Somos (el partido avilesino avalado por Podemos), David Salcines, defendió que "lo más importante en este momento" es que la planta avilesina "se dote de un proyecto que asegure la pervivencia y la actividad industrial como sostén de empleo". Salcines, como Monteserín, vinculó el presente de Alcoa en Avilés al Ejecutivo de Mariano Rajoy. "Las políticas del Gobierno del PP sobre las tarifas eléctricas aplicables a este tipo de industrias son una de las razones principales por las que el futuro de Alcoa en nuestro concejo está en entredicho", señaló. Y, a renglón seguido, pidió "implicación a las administraciones local y autonómica para lograr que la actividad de la factoría perviva, sean cuales sean sus propietarios".

Podemos lanzó todos sus dardos contra el PP, partido al que pidió "que no dé la espalda a los trabajadores de Alcoa para beneficiar a sus amiguetes de las eléctricas". El número dos de Unidos Podemos Asturias a la lista del Congreso en los próximos comicios nacionales, Segundo González, acusó abiertamente al PP de ser el responsable de la "crisis de la industria electrointensiva por no regular adecuadamente el precio de la energía" y urgió "un sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible, que apueste por la transición energética hacia las renovables y que desconcentre y democratice el sistema".

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Avilés, Carmen Pérez Soberón, demandó "absoluta transparencia a Alcoa en la gestión de la venta" de las plantas españolas. "Si la voluntad de la compañía es vender la planta de Avilés, se debe garantizar que nuestra comarca cuente con un proyecto industrial ambicioso y competitivo que mantenga y genere empleo", añadió.

Los sindicatos lanzan el mismo mensaje: la continuidad de la actividad de la fábrica de aluminio primario de Avilés, el mantenimiento del empleo (tanto el directo como el auxiliar) y que se solventen "los problemas que genera el actual formato de subastas de interrumpibilidad" (el sistema que puso en marcha el PP para repartir incentivos eléctricos a las compañías grandes consumidoras de energía, como Alcoa, que destina al pago de la luz el 40% de sus costes de producción).

"Hacemos un llamamiento al Gobierno central para que resuelva la incertidumbre que existe sobre los costes energéticos para el conjunto de la industria electrointensiva y especialmente para la producción de aluminio", señaló Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de Comisiones. Y otro tanto opinan en la USO (Unión Sindical Obrera). "Queremos una empresa que tenga un proyecto de futuro, que conozca el sector, que invierta para cambiar la tecnología, que se comprometa a mantener todos los puestos de trabajo; ese es el perfil de empresario que demandamos y apoyaremos. Y que el Gobierno solucione el problema del coste de la energía en España", sentenció José Vía, de la Federación de Industria de la USO.