El Gobierno del Principado exige a la multinacional Alcoa que mantenga la actividad y el empleo en la fábrica de Avilés, en proceso de venta. "Eso es lo que nos importa, más allá de cualquier proceso de venta", ha aseverado el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, tras la reunión que ha mantenido esta mañana con el comité de empresa y representantes sindicales. Al encuentro también han asistido la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el director general de Industria, Luis Ángel Colunga.

Blanco ha anunciado que emprenderá los contactos con la cúpula de la multinacional, "en Europa y Estados Unidos", para exigir "absoluta transparencia". "Queremos disponer de toda la información que existe, cuáles son los candidatos, cuál es el planteamiento de venta" que tiene entre manos la compañía.

Desde el Principado también apelan a la unión de "sindicatos, trabajadores y administraciones". "Es la mejor manera de asegurar la actividad y el empleo y de llevar a buen puerto este proceso", ha añadido el Consejero de Industria.

El Parlamento asturiano ha aprobado hoy una declaración institucional en la que insta a la multinacional del sector del aluminio Alcoa, tras abrir el proceso de venta de sus instalaciones en España, a mantener íntegramente el empleo en sus plantas que dan trabajo a unas 2.200 personas.

La iniciativa, planteada por el PP y respaldada por unanimidad, recuerda que, en el caso de la planta de Avilés, la falta de inversiones ha puesto en entredicho el interés por la permanencia en Asturias pese a que se trata de una factoría donde viene produciéndose aluminio ininterrumpidamente desde hace sesenta años.

Alcoa, añade la declaración, es el principal adjudicatario de contratos de interrumpibilidad -el pago de determinadas sumas a empresas de gran consumo eléctrico por permitir que se les corte el suministro eléctrico en caso de que lo requiera el sistema- lo que le ha permitido cobrar anualmente entre 130 y 140 millones de euros.

Además, apela a la empresa para que siga demostrando su compromiso con España, y especialmente con los trabajadores de la planta de Avilés, y muestra su apoyo "incondicional" al sector del aluminio en Asturias a la vez que insta al futuro Gobierno a garantizar un suministro eléctrico competitivo para la industria que evite la deslocalización de empresas y facilite inversiones.