El gobierno local decidió hace unas semanas renunciar a los talleres de empleo y las escuelas taller por "inseguridad jurídica". La posibilidad de que las personas que optaban a los puestos de monitores reclamaran posteriormente por la vía judicial una plaza en el Ayuntamiento era elevada. El problema fue que el Ayuntamiento ya había convocado ambos programas de empleo y realizado los exámenes previos a la contratación de 11 personas como monitores, auxiliares administrativos y directores y de otras 48 en calidad de alumnos. Manuel Campa, concejala de Promoción Económica y Empleo, es el responsable de desarrollar esas políticas.
-¿Por qué decidieron convocar los talleres de empleo y las escuelas taller teniendo sospechas sobre la inseguridad jurídica que acarreaba?
-Creíamos que había opciones y lo intentamos hasta el último momento, hablando con el servicio de empleo de Asturias y buscando otras fórmulas. Nuestra principal preocupación son las 7.000 personas que están en paro en Avilés y las políticas activas de empleo son las prioridades. Seguimos analizando cualquier fórmula para realizar políticas activas de empleo.
-La paralización se justificó por un informe del director de Recursos Humanos, que afirmó que la fórmula de contratación elegida para el personal directivo, docente y de apoyo era "contraria a la legalidad vigente". ¿Por qué no se solicitó antes?
- No es tanto que no se pidiera antes, es que cuando ya teníamos la resolución concedida por parte del Principado de la subvención llega una nueva sentencia, que confirma la doctrina del TSJA respecto a los contratos de obra y servicio para las políticas activas de empleo. En ese momento buscamos otras soluciones porque el proceso estaba en marcha, había una subvención y porque queríamos hacerlo. Se pensó en la contratación de funcionarios interinos, como se había hecho en el pasado. Hay varias doctrinas en ese sentido, el Servicio Público de Empleo nos dijo que por ejemplo Gijón lo había hecho, pero también hay que tener en cuenta si esos puestos que teníamos que cubrir con funcionarios interinos, como eran los monitores de las escuelas, están en la relación de puestos de trabajo o no. Al ser funcionarios, tienen que tener su relación en la RPT. Y ahí fue cuando encargamos un informe sobre si serviría con la RPT o basta conque estuvieran en el catálogo de puestos no permanentes. Y eso es lo que nos llevó a pedir el informe cuando lo pedimos.
-¿Hay una pugna interna entre el área de Promoción de Empleo y Recursos Humanos?
-No, cada uno tiene su trabajo y ellos defienden, como nosotros, la postura municipal. Si es verdad que a la vista de los informes lo que no puedes hacer es hipotecar el futuro financiero del Ayuntamiento por estas actuaciones. Sentimos mucho el haber tardado tanto en dar por cerrado el proyecto, había gente esperando por esa solución pero que lo hicimos por buscar todas las soluciones posibles hablando con Recursos Humanos y con el SEPEPA. Al final tuvimos que tomar la decisión porque no teníamos más plazos posibles porque no pedimos una ampliación del plazo. A pesar del informe seguiremos trabajando en buscar soluciones. Sé que desde el Servicio Público de Empleo como el resto del gobierno se está solicitando información a todos los ayuntamiento que han tenido sentencias tanto favorables como desfavorables para analizarlas y buscar la mejor solución para seguir realizando políticas activas de empleo, porque además para Asturias es fundamental con el número de personas en desempleo que tenemos.
-Los primeros problemas con los planes de empleo surgieron hace seis años, cuando el Ayuntamiento tuvo que readmitir a un centenar de beneficiarios por sentencias contrarias. ¿En estos años no se ha conseguido encontrar una solución?
-Este ayuntamiento fue el primer en sufrirlo y ahora hay muchos más que lo padecen, pero tenemos diferentes condicionantes. Otros ayuntamientos indemnizan y hasta ahí llegó el problemas; nosotros tenemos una cláusula en el convenio que permite a la persona, en caso de despido improcedente, pedir entrar en el Ayuntamiento. Eso creemos que no cumple con el acceso a la función pública y no lo podemos permitir. En este caso concreto, en un perfil que no necesitamos más que para las escuelas taller y los talleres de empleo. Otros años habíamos explorado otras fórmulas, como funcionarios interinos, pero las últimas sentencias tampoco nos permiten esa vía. La solución pasa porque una de las primeras actuaciones del nuevo el Gobierno central sea atajar el problema y piense un contrato específico para las políticas activas de empleo por parte de las administraciones.
-En el caso de la cláusula, ¿cuánta culpa tienen los sindicatos y cuánta el gobierno de que no se haya conseguido quitar para este tipo de contratos?
-Eso está en el convenio, en su día se aprobó, la semana pasada emplazamos a los grupos y a los sindicatos a que exploremos las vías para que una cláusula que fue pensada para el beneficio de los trabajadores municipales no tenga un uso alternativo para que no fue pensada.
-¿Es lógico que algunos ayuntamientos estén incorporando partidas en sus presupuestos para indemnizar a los beneficiarios de los planes de empleo que denuncian?
-No, además es un problema que puede aparecer en próximas fechas. Cuando indemnizas es porque has hecho un despido improcedente y lo arreglas de manera económica. Pero si lo haces año tras año, algún juzgado puede llegar a decir que has hecho esto mal un año, otro año, otro año... y que parece que estás realizando una actuación a sabiendas de que lo estás haciendo mal. Y puede tener consecuencias graves a título personal, para el concejal que firma esa resolución.
-Ahora están negociando con los sindicatos un nuevo plan de empleo en el que, además, buscan la implicación de las empresas, ¿se acabaría esa inseguridad?
-Sí. Es mejor empezar a hablar de planes de inserción laboral. En Avilés, tenemos 7.000 personas en paro y de ellas, la mitad, tiene una formación que es de primer ciclo de Educación Secundaria. Es preocupante esa baja formación. Por eso, este plan tiene que ver con esa falta de formación, con nuestros sectores estratégicos y con la incorporación de esas personas. Si les das formación y ésa la hacen en las empresas, la empleabilidad será mayor. Estarán formándose y trabajando en perfiles que las empresas demanda y cuando acaben el plan, seguramente tendrán un mayor porcentaje de éxito laboral. Lo hemos comentado con el Servicio Público de Empleo y les parece bien. Cuando hay un problema hay que pararse y salir fuertes de él; volver a pensar las políticas y mejorarlas. Si funciona bien y lo podemos exportar a otros planes de empleo, genial.
-¿Ya están contactando con las empresas? ¿Cómo están recibiendo la propuesta?
-Estamos trabajando conjuntamente el servicio de promoción empresarial con el de empleo. El área de orientación laboral hace prospecciones en empresas y busca aquellas que puedan participar en este proyecto. No creo que haya problema. Entre todos podemos montar un buen plan de inserción laboral. Queremos que sean empresas de la ciudad y estamos abiertos a que sean grandes o pymes. Cada una tiene una demandas y se pueden adaptar los perfiles de esos beneficiarios a las necesidades. También tenemos que pensar en un colectivo como es el de mayores con baja empleabilidad y ahí están también actuaciones como la de la Fundación San Martín. Se van a contratar a siete personas para la realización de obras de mejora en los colegio de infantil y primaria
-¿Cuándo podría estar en marcha el plan con las empresas?
-La intención es poder publicar las bases en septiembre.
-Por lo hablado hasta ahora, ¿van a renunciar a todos los planes de empleo que convoque el Principado?
-Con las condiciones actuales y mientras que no haya un contrato que lo ampare o las bases se modifiquen, no vemos posibilidad de hacerlos. Hay que trabajar para cambiar las bases. Pero eso sí, lo que no vamos a hacer es quedarnos con los brazos cruzados.
