El juicio por el supuesto fraude a Hacienda mediante la creación de facturas falsas por la compraventa de vehículos alemanes en 2004 y 2005 quedó ayer visto para sentencia. La última sesión del caso, que se juzga por segunda vez, sirvió para ver las diferencias de criterio. Así, el abogado del Estado y las peritos de Hacienda aseguraron que había una trama de empresas pantalla y "trucha" -ficticias, sin patrimonio ni empleados-, compuesta por "Hofcasmar", "Carsitoño", "More Aller", "Isafer" y "Apenor", que actuaban en connivencia para defraudar el IVA en la adquisición de vehículos y de la que era conocedora el concesionario investigado, Automoción y Automóviles "Antón e hijos".

Por su parte, los abogados defensores pidieron la libre absolución de los acusados -y en algunos casos la prescripción de los delitos- al considerar que el caso se había formulado en base "a indicios", sin ninguna prueba que certificara la acusación de delito fiscal, y sin contar con las facturas de los coches en Alemania, que podrían indicar, según las defensas, el posible delito.

El fiscal mantuvo la calificación, en la que pide a cuatro de los once acusados penas de cuatro años y, al resto, uno, aunque mostró dudas sobre el caso. "No puedo demostrar que el acusado supiera de la existencia de la trama. Y si no hay autor, no hay cooperador necesario ni cómplices", afirmó. Es más, el fiscal se mostró convencido "de que si existen indicios de que pudiera haber una trama de facturas falsas para el pago del IVA, ésta no debería haber llegado nunca a 'Antón e hijos'", aseveró. El fiscal criticó que la investigación de Hacienda no se centrara en quién se pudo beneficiar de ese fraude. "Ahí no había de dónde sacar dinero y se ordena la inspección de otro sitio para recoger lo defraudado. La empresa investigada dio todas las facilidades, toda su contabilidad... ¿por qué no había facturas de los coches adquiridos en Alemania? Porque no era ella quién los había comprado", dijo.

El Abogado del Estado, en línea de las tesis defendidas por las peritos en la sesión de ayer, aseguró que hay múltiples indicios que prueban los delitos y además esgrimió sentencias anteriores contra algunas de las empresas encausadas por delitos de fraude similares. El Abogado estatal retiró la acusación contra J. M. D. T. por fallecimiento y a F. J. C. R. por prescripción del delito.

El abogado de C. L. G., la administradora de "Automóviles Antón", pidió la absolución por falta de pruebas. "El Abogado del Estado utiliza el humo para ganar el partido en segunda instancia. C. L. G. no tiene nada que ver; es la que lleva el taller, no las ventas de coches, de la que se hace cargo su marido, J. L. S. P.", afirmó.

El letrado de J. L. S. P. recriminó que en ningún momento se ha señalado qué facturas son falsas y por qué. "La manera de actuar de las inspectoras asusta, no piden pruebas a las empresas que dicen que están en la trama", aseveró. El letrado defensor de G. A. N., administrador de "Carsitoño", alegó falta de pruebas y aseguró que los delitos de falsedad documental y contra la hacienda pública habrían prescrito, aunque no el de cooperación necesaria. La prescripción también la alegó la defensa de A. S. G. y de M. I. F. G., acusada también de un delito contra la hacienda pública.

El letrado que defiende los intereses de los hermanos J. R. G. V. y V. M. G. V. también pidió su absolución. Para el primero, porque su acusación "no está justificada, para el segundo, porque pese a ser administrador de "Hofcasmar", "desconocía su trastienda". "No podía sospechar que había algún fraude. La Administración Tributaria sabe que 'Don Peppone' era T. H., no el responsable de 'Antón e hijos'", dijo.

"No se puede venir con indicios y opiniones personales; se dice que hay facturas falsas para esto que se están inventando, pero no tienen ni facturas y no saben el precio de los coches alemanes. No acreditan que T. H. tuviera cargo en la empresa 'Hofcasmar'", apuntó el abogado de T. H. También el letrado defensor de D. M. P., exadministrador de una de las empresas encausadas, pidió la prescripción de los delitos y su libre absolución.