Los grupos municipales de Somos, IU y Ganemos aplaudieron ayer la decisión de un juez de anular el pleno en el que se aprobó la creación de una comisión informativa sobre el proceso de privatización del servicio del agua en 2009 y no de investigación, como reclamaron los convocantes de aquella sesión extraordinaria, celebrada en noviembre de 2015. Entonces, no se votó esta opción por decisión del gobierno local. "Es un rapapolvo al comportamiento y actitud antidemocráticas del PSOE y del PP, que vulneraron derechos fundamentales. Ambos partidos generaron un bloqueo que es ilegal con el fin de esconder su posición política. Ahora, el juez lo dice claro: se puede incorporar una enmienda a un pleno extraordinario siempre que el grupo convocante lo acepte, que no fue el caso", aseveró David Salcines, portavoz de Somos.
El gobierno anunció que acata la sentencia, revelada por LA NUEVA ESPAÑA, y que el pleno extraordinario para votar una comisión de investigación se celebrará en octubre. Eso sí, el portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, insistió en que el Ayuntamiento no tiene competencia para constituir una comisión de esas características y que lo único que buscan "determinados grupos no es el conocimiento, sino el teatro, el desfile de personas". "Su interés es meramente político, de intento de desgaste del gobierno y de daño a la imagen de la sociedad que gestiona el agua pese a que nos ha permitido realizar importantes inversiones en el sistema de abastecimiento, modernizar la red y mantener para los ciudadanos una de las tarifas más ventajosas de nuestro país", afirmó Huerga.
El portavoz socialista basa sus reproches en el "total desinterés" que mostraron esas formaciones durante la comisión informativa que se celebró a principios de este año y en la que se puso "toda la documentación" relativa al proceso a disposición de los concejales. "Su objetivo no era ni es saber, ni escuchar a los técnicos responsables del proceso y de la fiscalización de la sociedad, ni conocer la ejecución y gestión de las inversiones, ni profundizar en el proceso seguido previo a la selección del actual socio privado", criticó el edil.
Alejandro Cueli, portavoz de IU, aseguró en este sentido que el único objetivo de la comisión de investigación del agua sería "aclarar dudas sobre la privatización y de ese 76 por ciento imputado por presunta corrupción". "No enredamos ni incordiamos sino que velamos por la legalidad y la transparencia. Queda claro que el recurso no fue una pataleta absurda, como dijo el edil Manuel Campa entonces, sino que era para defender las reglas fundamentales que fueron vulneradas por el PSOE a pesar de que se lo advertimos", aseveró.
Agustín Sánchez, de Ganemos, aseguró que durante la pasada campaña electoral a todos los grupos "se les llenó la boca con que las cosas iban a cambiar y que la transparencia iba a ser lo principal". "Éste es un claro ejemplo de obstruccionismo, de usar retorcidamente las normas y de saltarse la ley para bloquear que no salgan adelante las iniciativas de la oposición", arremetió.
El portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, afirmó que acata la sentencia y aseguró que las condiciones en las que se produjo el pleno extraordinario en noviembre no son las mismas que las actuales. Entonces, el PP apoyó la enmienda del PSOE para que solo fuera una comisión informativa y no de investigación. Entre los cambios, puso de ejemplo la aprobación, en el Ayuntamiento de Oviedo, de una comisión de investigación sobre Aquagest "propiciada por el PSOE". "No tenemos que temer a nada. Que se investigue y que se aclare lo que se tenga que aclarar. Pero eso sí, no puede ser un circo, sino algo severo y riguroso y que no se aproveche políticamente para hacernos daño unos a otros. El que tenga miedo, que lo manifieste. Si en Oviedo sí puede haber una comisión de investigación, en Avilés los ciudadanos tienen los mismos derechos", dijo.
Poco después de estas declaraciones del portavoz popular, la presidencia de su partido emitió un comunicado casi en sentido contrario, al asegurar que mantendrá "la misma postura que en el pleno anterior". "Participamos en todas las sesiones de la comisión informativa, estudiamos el expediente y valoramos la opinión de los técnicos. Los grupos que piden el Pleno son conscientes de que no es competencia del Ayuntamiento desarrollar comisiones de investigación. En el sistema democrático existe un principio fundamental que es la separación de poderes y solo en los regímenes totalitarios los políticos sustituyen a los jueces", afirma.
Carmen Pérez Soberón, portavoz de Ciudadanos, se mostró partidaria de volver a repetir el pleno extraordinario y de que salga adelante la comisión de investigación sobre el cambio de gestión del servicio del agua. "Volveremos a empezar otra vez porque aquella comisión informativa no dejó satisfecho a casi nadie. Lo que pedimos es transparencia", indicó la concejala.
