La cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" acaba de dar un paso más contra la sociedad "Nueva Rula de Avilés" y ayer presentó ante el Juzgado de lo Mercantil de Oviedo una acción social de responsabilidad contra algunos de sus consejeros por las irregularidades detectadas por Hacienda y que llevó al pago de una multa de un millón de euros por fraude fiscal entre los años 2009 y 2012. Los miembros del cabildo abren dos frentes en esa denuncia: uno contra aquellos que estaban en el consejo en el momento en que se produjeron las irregularidades, y otro contra los consejeros que decidieron firmar las actas de conformidad y avenirse a liquidar las cuotas del Impuesto de Sociedades y del IVA no satisfechos en los ejercicios investigados, así como los recargos pertinentes por los atrasos y la sanción asociada.
"Hay negligencia por parte de esos consejeros porque no defendieron los intereses de la sociedad sino los políticos y los propios. Ahora, lo que queremos, es depurar responsabilidades de los consejeros de entonces y de ahora y que cada uno responda con lo que tiene que responder", aseguraron ayer fuentes de la Cofradía.
La acción social de responsabilidad es aquella que permite a la sociedad o a parte de ella actuar contra los administradores "para obtener la indemnización de los daños que haya sufrido el patrimonio social como consecuencia del incumplimiento de deberes que les incumbe en virtud de la Ley, de los Estatutos o del deber de administrar con la diligencia exigible al ordenado y leal administrador". "Nosotros, como socios individuales, tenemos capacidad para hacerlo. Si hay cierta negligencia en su actuación, hay que depurarla. La Cofradía intentó cuestionar a los consejeros durante una junta general pero no se estimó nuestra petición", afirmaron los miembros de la Cofradía.
En el trasfondo, una supuesta venta en B de pescado en la rula de Avilés. "La rula generó una comisión y no se sabe dónde está ese dinero", añadieron.
La Cofradía también ha interpuesto una denuncia contra el director general de Pesca, Alberto Vizcaíno, y el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega, por un delito de intromisión ilegítima al honor por unas declaraciones en los medios de comunicación.
