El futuro de la fábrica avilesina de Alcoa, que da empleo a 500 personas, vuelve a estar otro otoño más en la cuerda floja por culpa de la incertidumbre que ha generado el anuncio, ayer, de la convocatoria de la subasta de interrumpibilidad eléctrica para 2017, un proceso que permite a las industrias con alto consumo de luz -en Asturias, la propia Alcoa, Asturiana de Zinc y Arcelor- obtener unas retribuciones millonarias que, en el caso de la multinacional del aluminio, son cruciales para garantizar la continuidad productiva.

El Ministerio de Industria, que el año pasado desembolsó 503 millones de euros para financiar el sistema nacional de interrumpibilidad (el que garantiza mediante la desconexión de las fábricas que haya disponibilidad de electricidad en la red general en caso de emergencia), ha decidido recortar este año el dinero asignado a la subasta en un 16 por ciento, de modo que las empresas en liza tendrán aún más difícil conseguir estas ayudas. En medios sindicales de Alcoa cunde la indignación y reina el estupor ante semejante decisión: "No se puede hacer peor; esto equivale a ponernos la soga al cuello", critican.

Según los términos de la subasta de interrumpibilidad eléctrica que publicó ayer el BOE, el Ministerio de Industria asigna una partida inicial de 570,4 millones de euros a la bolsa de dinero a repartir entre las empresas que compitan en la puja, a celebrar del 14 al 18 de noviembre. El año pasado esa cifra fue de 678,8 millones, si bien tras la subasta (que se celebra a la baja) el operador del sistema eléctrico sólo se vio obligado a pagar a las industrias 503 millones, cinco menos que en 2014. De mantenerse la proporción, las empresas se embolsarán este año 416,5 millones; y siendo las mismas a repartir es fácil deducir que Alcoa, la que más aprietos pasa todos los años por hacerse con lotes energéticos en la subasta, quedará "en fuera de juego", como advierten los sindicatos con representación en la fábrica de aluminio de San Balandrán.

Lo que permaneces invariable es la cantidad de "energía interrumpible" que Industria saca a subasta: serán entre 286 y 394 lotes de 5 megavatios (MW) y entre 7 y 13 de 90 MW. El número exacto de los lotes se conocerá en una semana, después de que las empresas interesadas en los mismos formalicen sus necesidades y se establezca la condición de competencia; esto es, ajustar el número de lotes a subastar por debajo del número de los ofertados para así estimular a los pujadores (las industrias) a bajar el precio. El año pasado sólo salieron a subasta ocho lotes de 90 MW para unas necesidades globales de la industria de once (sólo Alcoa, con tres centros productivos en España, es capaz de absorber seis de los lotes).

Máxima preocupación

"Si se repite lo del año pasado, y considerando además que Industria ha reducido la asignación económica a la subasta, Alcoa tendrá un nefasto resultado en la puja de interrumpibilidad y el futuro de la fábrica quedará comprometido", advierte el presidente del comité de empresa de la aluminera de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO). "El Ministerio está empeñado en ahogar a la industria; la convocatoria de la subasta de interrumpibilidad lo demuestra: reduce el margen de maniobra económico y fija una fecha de celebración de la puja tan tardía que apenas deja margen para maniobrar en busca de una solución en el caso de que, como tememos, Alcoa quede fuera de circulación por la imposibilidad de acceder a las retribuciones de interrumpibilidad", manifestó el ugetista Daniel Cuartas, también del comité de Alcoa-Avilés.

La esperanza a la que se aferran las centrales es que el organismo regulador de la puja de interrumpibilidad eleve al menos hasta diez los lotes de 90 MW a subastar para que aumenten las opciones de Alcoa de hacerse con los seis, o al menos cinco, que necesita: cuatro para la planta de San Ciprián (Lugo), uno para la fábrica de La Coruña y otro para la de Avilés.

Sobre el efecto que los términos ayer conocidos de la subasta de interrumpibilidad pudieran tener sobre el proceso de venta puesto en marcha por Alcoa para deshacerse de sus fábricas españolas de aluminio primario, fuentes sindicales hicieron ver que "sin una adecuada retribución por interrumpibilidad la fábrica no vale nada, y en consecuencia nadie se interesaría por comprarla en esas condiciones".