La cuenta atrás para el cierre de las baterías de coque de Avilés está activada. Arcelor-Mittal confirmó hace unos días que la coquería dejará de funcionar en 2019, una vez que se pongan en marcha las baterías de Gijón (una inversión que aún tiene que superar un último trámite administrativo medioambiental). La instalación ocupa más de 400.000 metros cuadrados de suelo industrial, propiedad de la sociedad estatal Sepides (Sepi desarrollo industrial), dueña del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Y estos terrenos colindan con las fincas donde está previsto levantar los próximos retos urbanísticos de Avilés: la conocida como Isla de la Innovación y el parque tecnológico, que está llamado a convertirse en una "pieza básica" del desarrollo del concejo. El destino del suelo que se liberará con el cierre de las baterías formará parte de la agenda política durante al menos los próximos cuatro años. La ciudad vive un momento histórico por el cambio social y urbanístico que propiciará el fin de la fábrica. ¿Pero cuáles son las primeras impresiones de los partidos para esa nueva vida del suelo de baterías?
Lo primero que piden tanto gobierno local como oposición es que el cese de actividad de la instalación no tenga consecuencias en el empleo. "Antes que nada, los trabajadores", inciden todos. En cuanto al futuro de los terrenos, ven una oportunidad para atraer empresas y actividad económica al municipio. Pero cada uno, a su manera. La alcaldesa, Mariví Monteserín, ya defendió que el suelo liberado deberá acoger "actividad productiva innovadora, tecnológicamente avanzada, medio ambientalmente sostenible y generadora de empleo cualificado". Los terrenos que ocupan las batería son propiedad de la SEPI que, "necesariamente, se incorporarán al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA)", señaló la Regidora tras confirmarse el anuncio del cese de la actividad. Monteserín, de hecho, está a la espera de que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nombre a todos sus cargos para solicitar una reunión con Sepides y empezar a hablar del desmontaje de la instalación y de la descontaminación. "Es una gran oportunidad convertir todo ese espacio en suelo industrial. Sepides debería ir pensando en formas de financiación para la descontaminación de esos terrenos, ya sea vía presupuestos generales del Estado o mediante ayudas europeas", asevera el secretario general del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga.
Los socialistas tienen claro que esos 400.000 metros cuadrados son una oportunidad para la industria metalmecánica del acero que fabrica estructuras de alto valor añadido, como las del Grupo Daniel Alonso o Asturfeito. "Debemos de estar preparados y aprovechar la posibilidad de crecimiento de empresas en esa zona. Si una gran multinacional quiere venir nadie le va a decir que no, pero nuestro modelo apuesta por la industria metalmecánica de alto valor añadido y ligada a centros tecnológicos", añade Huerga.
Los terrenos ocupan un espacio estratégico: junto a una autopista, en pleno parque empresarial, casi a pie de puerto y al lado de importantes centros de investigación, especializados en el mundo del acero. Por eso, el PP cree que es un caramelo para una gran compañía. "Hay que pensar en grande, ser ambiciosos, y nosotros creemos que lo más adecuado es traer a una gran industria, que hará además de elemento tractor de otras auxiliares y de tejido industrial, que revitalice el sector servicios; una gran industria limpia que aproveche además las sinergias del puerto", sentencia la presidenta local del PP, Carmen Rodríguez Maniega.
