Gonzalo F. L. perdió la vida el 7 de mayo de 2012 al precipitarse supuestamente desde una altura aproximada de veinte metros cuando se encontraba pintando desde una plataforma unos elementos metálicos en la fachada de un edificio en construcción en la urbanización de La Grandiella, en La Magdalena. El caso llegó ayer a juicio tras dos intentos previos nulos. Se sentaron en el banquillo de los acusados el apoderado de la empresa para la que trabajaba, el arquitecto técnico y responsable del plan de seguridad y el encargado de obra. "Gonzalo realizó tareas no asignadas desoyendo el mandato de ir a comer un pincho", declaró ante el magistrado del Penal número 2 de Avilés el encargado de obra, que reconoció haber recibido una orden expresa del apoderado de la firma para ser él el único que se subiera a la plataforma con el auxilio de la víctima desde el exterior.

El apoderado, entre tanto, destacó que todos los trabajadores recibieron formación a cargo de un servicio de prevención ajeno, así como herramientas de seguridad como, por ejemplo, arneses. "Encargué al jefe de obra que se subiera a la plataforma y que Gonzalo F. L. no lo hiciera, que solo auxiliara", ahondó, al mismo tiempo que confirmó que la plataforma protagonista del trágico suceso llevaba "unos ocho meses" en la obra, si bien pertenecía a la empresa Asipo, encargada de las tareas de carpintería metálica, acristalamiento y colocación de paneles de composite en un edificio de 78 viviendas, garajes y trasteros en la zona de La Magdalena conocida como la Grandiella.

El arquitecto técnico -al igual que los otros dos acusados solo respondió a preguntas de la defensa- dijo haber elaborado un anexo al plan de seguridad y salud que incluida la utilización de la elevadora. "Los operarios antes de empezar a trabajar realizaban una revisión a la máquina y nunca tuve noticia de que tuviera problemas de funcionamiento", indicó. El encargado de obra destacó, por su parte, haber recibido un curso de formación básica de dos horas de duración e indicó que el día que Gonzalo F. L. sufrió el mortal accidente, "la máquina no había dado problemas".

Tras la declaración de los imputados, un total de 17 testigos prestaron declaración en las dependencias judiciales de Marcos del Torniello. Hasta las cuatro de la tarde y desde las diez de la mañana, agentes de la policía nacional, trabajadores de la construcción, técnicos de plataformas y también el jardinero que en el momento del accidente trabajaba en la urbanización de La Grandiella trataron de aportar luz a un suceso que la fiscal resumió haciendo suyas las palabras de una perito del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales. "Si se hubieran tomado las medidas necesarias de seguridad de acuerdo con las normas establecidas este accidente no se habría producido", resaltó. El Ministerio Público pide penas que suman siete años de cárcel en total para el apoderado de la constructora y el arquitecto técnico. La acusación particular incluye también al encargado de obra y mantiene la pena de cuatro años de prisión para cada uno de ellos como supuestos autores de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra los derechos de los trabajadores.

Durante la vista oral, los testigos analizaron las características de la plataforma elevadora, la idoneidad o no de tener formación específica para su manejo o las condiciones del terreno sobre el que estaba apoyada la máquina de unas 16 toneladas en el momento que sucedió el accidente. Los testigos coincidieron a la hora de señalar que al menos dos de las cuatro ruedas de la máquina estaban apoyadas en "terreno arcilloso". Uno de los testigos destacó, a su vez, que la misma máquina se había hundido meses atrás, aunque en aquella ocasión no se habían producido daños humanos. "Para que no se enterrara la máquina lo que hacíamos era forrarla con tablones o planchas de andamios", explicó.

Testificó también el técnico de prevención que se encargó, en el momento del accidente, de la asesoría en materia de riesgos laborales y los cursos de formación a los trabajadores; quien en su día, como ratificó ayer, emitió un informe señalando como causa principal del accidente al peón. Prestaron a su vez declaración técnicos de Talleres Asipo, que aseguraron que la máquina elevadora estaba "perfectamente revisada" y también el gerente de esta empresa, que manifestó que "nunca nadie de la otra empresa pidió permiso para coger la elevadora, ni recibimos dinero a cambio".

En representación del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, tres expertos ofrecieron su testimonio. Entre ellos, la perito encargada de levantar acta de lo sucedido en La Grandiella el día que Gonzalo F. L. perdió la vida. Esta subrayó: "Si el terreno fuera compacto y la máquina fuera la adecuada no habría ocurrido el accidente". Y, a preguntas de la defensa del empresario, recalcó: "Mi función no es buscar soluciones que debería haber buscado la empresa".

El Ministerio Fiscal y la acusación particular mantuvieron las penas de cárcel. "El único incumplimiento de Gonzalo F. L. fue trabajar en vez de comer el pincho", dijo la letrada de la familia. Los abogados de la defensa solicitaron el sobreseimiento y la libre absolución, respectivamente, de sus clientes. El caso quedó visto para sentencia.