"Confío en la justicia. Que Dios les bendiga". Estas fueron las palabras que pronunció ayer Florente Hernández Camacho, preso en Orense. El pasado mayo, los nueve miembros del jurado del juicio abierto por el crimen de Los Telares le declararon culpable del asesinato de Francisco Jiménez, "El Nano". Ayer, acusaciones y defensa defendieron sus recursos ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La abogada de Hernández Camacho, Ana García Boto, reclamó que se le rebaje la pena a "unos tres años" y también que la tipificación de los hechos pase de asesinato a homicidio. "Los doce años no están justificados", recalcó la letrada.

La acusación particular, bajo la dirección letrada de Ignacio Hernando, pidió entretanto que dicha pena se incremente hasta los 17 años y medio por considerar que cometió "un crimen atroz". El Ministerio Público representado por Verónica Pérez impugnó a su vez la sentencia por dos motivos: la indebida aplicación de la atenuante de confesión y de dilaciones indebidas. "El condenado no tuvo voluntad de cooperar con la policía y no hubo una confesión, sino una admisión de la evidencia. Entendemos también que las dilaciones indebidas no se pueden tener en cuenta puesto que el proceso nunca estuvo parado", afirmó. La fiscalía había pedido en su día una condena de 17 años de prisión para el autor confeso del crimen. Esta muerte se produjo poco antes del mediodía del día 24 de julio de 2013, a la altura del número 40 de la avenida de Los Telares.

En el mismo sentido que la fiscal se pronunció el letrado Ignacio Hernando, que incidió en que Florente Hernández fue identificado desde el minuto uno pero que a pesar de ello se afeitó la cabeza para dificultar su identificación y huyó a Xinzo de Limia (Orense) para tratar de huir desde allí a Portugal. Respecto a la atenuante de dilaciones indebidas, el abogado de la familia manifestó que este es un "argumento trillado jurisprudencialmente". "El juicio se celebró en menos de tres años desde la comisión de los hechos y solo se prolongó la prisión provisional una vez", ahondó.

Ana Boto rebatió sus argumentos. Destacó que Florente Hernández Camacho colaboró en todo momento de cara a facilitar la investigación. "Un hecho indudable es que no se deshizo del arma, que es lo que hace cualquier criminal que se precie, sino que la entregó voluntariamente", esgrimió. Y reiteró, como había hecho en el plenario, que su cliente "no huyó a Xinzo de Limia escapando de la policía sino de la venganza de los Vargas" (el clan gitano de la víctima). Boto insistió en que su cliente se vio perjudicado por un proceso que se dilató y que tardó un año en obtener unas conversaciones grabadas por la policía. "Esto no les pasa ni a los hermanos Marx. Debí aportar cuatro modelos distintos de CD's cuando una copia digital se hace de forma casi instantánea y esto ha perjudicado a mi cliente, que a día de hoy sigue sin estar penado de forma definitiva y no puede solicitar ni un permiso", dijo.

La abogada defendió también que la anulación del juicio por considerar que hubo un déficit de motivación en las preguntas sobre las que se pronunció el jurado, que no se expresaron claramente los hechos probados y que hubo errores en la apreciación de algunas pruebas. Mantuvo que Florente Hernández Camacho no atropelló a la víctima antes de dispararle y rematarle en el suelo. También destacó que el condenado pagó al hijo de la víctima algo más de 4.000 euros antes del juicio.

A esto, Ignacio Hernando dijo que la sentencia existente está "suficientemente motivada aunque puede ser mejorada". "Parece que la defensa quiere hacer un homenaje al condenado cuando cometió un crimen atroz", replicó el letrado que destacó que Florente Hernández "salió de su casa armado para buscar a la víctima, matarla y rematarla en el suelo con seis tiros en la cabeza". Ayer Florente Hernández Camacho mostró su confianza en la justicia desde Orense, por videoconferencia.