15 de diciembre de 2016
15.12.2016

Los acusados de emplear a prostitutas sin contrato: "Ellas quieren tener libertad"

El dueño y el administrador de un club de alterne de Castrillón declaran que las ganancias provienen de las copas y del alquiler de taquillas y camas

15.12.2016 | 03:12

J. L. L. admitió ayer ante la jueza de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ser el dueño de Madison Hostelería S. L., firma de la que supuestamente depende el club "Tentaciones" de Castrillón, donde la Guardia Civil descubrió en septiembre de 2014 y en el transcurso de una inspección rutinaria a 15 mujeres trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Como autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, J. L. L. y el administrador de la empresa, C. A., declararon en calidad de imputados. J. L. L. reconoció que las chicas son "trabajadoras autónomas que quieren ser libres", en alusión a tener la máxima flexibilidad laboral.

"No son empleadas, ¡ya me gustaría!, porque en un club de alterne cuantas más chicas haya, mejor. Luché por hacerles contratos, pero ninguna quiso, prefieren ser libres. ¿Hay alguna ley que me obligue a hacer algo a una persona que no quiere? Al local acuden voluntariamente los días y las horas que quieren y son dueñas de hacer lo que les venga en gana dentro del horario de apertura y cierre del club", declaró.

A preguntas del Ministerio Fiscal, J. L. L. explicó que las mujeres suelen abonar tres euros por el uso de taquillas. "Allí se cambian y luego, la más guapa y la que más trabaja gana más dinero", dijo. Este dinero sale en buena medida, ahondó, de las copas que se sirven en el salón. "Las consumiciones son a treinta euros: diez para la casa y veinte para ellas, que se abonan en el acto. Si hacen un reservado deben pagar seis euros, pero el dinero que cobran lo pactan ellas mismas con sus clientes". El empresario aseguró que pone a disposición de las trabajadoras sexuales el local, luz, agua e incluso servicio de transporte, gratuito. C. A. corroboró sus palabras ante la jueza.

En calidad de testigo prestó también declaración un agente que participó en la inspección realizada al club castrillonense y manifestó que "todas las mujeres reconocieron que estaban allí voluntariamente". También testificó un inspector de trabajo que precisó que de las 15 personas que había en el local, 5 carecían de autorización administrativa para trabajar y 10 no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Ocho trabajadoras del club de alterne confirmaron las palabras de J. L. L. y reconocieron con un discurso similar no querer un contrato. "Me interesaba cobrar algo más sin estar dada de alta", dijo una testigo.

El Ministerio Fiscal, tras escuchar a todas las partes mantuvo la pena de tres años de cárcel para cada uno de los acusados. "No son autónomas, sino trabajadoras por cuenta ajena que cobran por comisión", dijo el fiscal, que tuvo en cuenta que ambos inculpados eran conocedores de que las 15 chicas no estaban dadas de alta en la Seguridad Social pese a tener conocimiento de esa obligación. El abogado que defendió los intereses de J. L. L. y C. A., José Ramón Nistal, pidió la libre absolución de sus clientes. "Solo existe una relación mercantil en igualdad de condiciones. La alternativa para estas chicas sería la calle o el domicilio. Y más aún, manifestó: "¿En qué epígrafe fiscal se da de alta a estas chicas?"

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