El debate sobre la legalización o no de la prostitución en España está en el candelero y cada vez son más las voces que claman regularizar esta actividad. El abogado avilesino José Ramón Nistal hizo alusión precisamente ayer al "vacío legal" existente en lo que afecta a la prostitución en España. "¿En qué epígrafe se da de alta a estas mujeres?", cuestionó el letrado, que fue más allá: "Estas son las consecuencias de la hipocresía del legislador, que ni prohibe ni legaliza la prostitución". Nistal defendió de esta forma a dos clientes en la Audiencia Provincial, dos empresarios acusados por tener a quince personas trabajando en un club de alterne de Castrillón sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. La prostitución en España se encuentra actualmente en una situación de "alegalidad"': no es legal ni ilegal y su ejercicio libre -es decir, cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio- no está penado en todo el territorio español. Si bien la prostitución libre no está recogida en el Código Penal, este sí que establece con claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente, si hay explotación.
La situación de "alegalidad" en la que se encuentra la prostitución significa que quienes la ejercen voluntariamente no tienen protección laboral, de modo que no pueden darse de alta en la Seguridad Social, ni cotizar, ni sindicarse, ni ir a la huelga, ni tener vacaciones, según los expertos. Sobre las condiciones de trabajo en los locales de alterne, algunas voces destacan que las mujeres deben aguantar situaciones que no deberían". El portavoz de la Asociación de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), José Roca, asegura en este sentido que en la mayoría de estos establecimientos "las señoritas pagan diariamente un alojamiento con habitación y pensión completa y después alternan en el bar y consiguen a sus clientes", a los que les cobran lo que ellas quieren. Ayer, los empresarios avilesinos juzgados en la Audiencia Provincial hicieron suyo ese argumento de Roca.
