La multinacional siderúrgica Arcelor-Mittal ha solicitado al Gobierno regional "flexibilidad" con las condiciones para mantener la licencia ambiental integrada de la coquería avilesina, que dejará de producir dentro de dos años, una vez que entren en funcionamiento las renovadas baterías de su factoría de Gijón. "Estamos negociando de qué manera podemos llegar a cumplir los requisitos que solicita el Principado sin necesidad de realizar una inversión millonaria en unas instalaciones que se van a tirar en dos años", explica un portavoz de la multinacional. Además, la compañía rechaza asumir la descontaminación de los terrenos que quedarán liberados.
Como informó el pasado 8 de noviembre este periódico, el Principado ha endurecido las medidas de control de la contaminación en baterías, hasta su cierre en 2019, al incluir en la revisión de la autorización ambiental integrada nuevas exigencias para minimizar las emisiones. Entre ellas, la administración exige a la compañía que antes del 31 de diciembre instale dos nuevas estaciones de medición: una en el límite de la parcela del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y la coquería y otra en La Marzaniella. También establece que los valores de benceno no podrán superar los cinco microgramos por metro cúbico de media anual, ocho de media mensual y 33 de media horaria.
El listado de medidas que el Principado reclama a Arcelor-Mittal es amplio. Y es que la revisión de la autorización establece que la empresa "ha de minimizar tanto las emisiones canalizadas como las difusas de contaminantes a la atmósfera aplicando las mejores técnicas disponibles". Entre otras cuestiones, le demanda control de los camiones en zonas de carga y descarga, con cajas cubiertas; que las cámaras de coquización se carguen con sistemas "sin humos", el sellado de las tapas de los orificios de carga con suspensión de arcilla o la reparación de las fugas entre la cámara del horno y la del calentamiento.
La multinacional sostiene que cumple con los límites que recoge la normativa vigente. "Estamos cumpliendo con los límites que se nos fija", apunta un portavoz. Y pide flexibilidad y comprensión al Gobierno regional: "Vamos a hacer todo lo posible para seguir respetándolos sin acometer una inversión millonaria. No se puede pedir que se incrementen las mejoras técnicas disponibles a una instalación que se va a desmantelar a corto plazo, no tiene sentido".
La compañía anunció que presentará alegaciones a la resolución de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la que se revisa la licencia ambiental integrada en materia de emisiones a la atmósfera. Y también advierte de que no tiene nada que decir sobre los suelos que se liberarán con el cierre de la coquería avilesina. Y es que una de las condiciones que exige el Principado a Arcelor-Mittal para la reapertura de las baterías de Veriña es precisamente que concrete las medidas que va a adoptar para descontaminar los terrenos sobre los que asientan sus baterías de coque en Avilés.
El Gobierno regional no sólo pide que se expliquen las medidas para limpiar contaminantes tras el cese de las baterías de Avilés, sino que la siderúrgica también debe especificar qué medidas tomaría en el mismo sentido en el caso de cerrar las de Gijón, con el destino al que se dedicarían los suelos.
La multinacional es contundente: "Nosotros no tenemos nada que decir sobre medidas de descontaminación. Ese suelo es de la Sepi (organismo estatal) y, por tanto, será ésta la que tendrá que decir qué va a hacer con él", señala un portavoz de Arcelor-Mittal en Asturias.
