La alcaldesa de Castrillón y concejala de Urbanismo, Yasmina Triguero, negó ayer que exista un vacío legal a falta de la aprobación definitiva del catálogo urbanístico. "A efectos urbanísticos, impera la aprobación inicial del documento y lo estamos aplicando. No hay ningún vacío legal", afirmó la Alcaldesa.
La autorización dada por el gobierno castrillonense de IU en los últimos meses para derribar dos casas en el centro de la localidad, algunas con gran solera, no ha estado exenta de críticas. "Hemos dado el permiso de derribo porque cumple con todos los requisitos y todos los informes técnicos son favorables", señaló Triguero.
"Se está aplicando la normativa del catálogo urbanístico porque cuenta con aprobación inicial. Esperamos que la definitiva se realice a lo largo de este año y el documento apenas tendrá variaciones fundamentales", dijo.
Más de once años han transcurrido desde que comenzó la elaboración del catálogo urbanístico del concejo. El arquitecto José Ramón Fernández Molina inició la redacción del documento en 2005, siendo alcalde José María León Pérez (PP), e incluyó la catalogación de 828 elementos ubicados en núcleos rurales, núcleos urbanos, suelo no urbanizable, patrimonio natural, patrimonio arqueológico, Camino de Santiago y hórreos y paneras. Asimismo, los elementos se reparten en cuatro niveles de protección: integral, parcial, ambiental y académica.
El Pleno de la Corporación castrillonense realizó la aprobación inicial del documento en agosto de 2008. En noviembre del mismo año se cerró el plazo de presentación de alegaciones por parte de los propietarios y afectados, con un total de 37. Según la normativa, el Ayuntamiento debería resolver las alegaciones, volver a llevar a Pleno el catálogo para su aprobación provisional y enviarlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota), que será la encargada de aprobar definitivamente el documento.
Chalé de Salinas
La Alcaldesa ha enviado un escrito al Juzgado en el que pide la inejecución legal de la sentencia que concluye que los propietarios de un chalé de Salinas tienen que derribar las zonas ampliadas en los últimos años. "Hemos enviado al Juzgado el incidente de inejecución legal de la sentencia y ahora el asunto está en manos de los jueces", manifestó ayer la Alcaldesa. "Tras la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con los informes de los técnicos municipales, hemos culminado los trámites para legalizar la vivienda", añadió.
El fallo de los jueces para decidir el derribo de las zonas ampliadas del chalés se basó en uno de los artículos del Plan de Urbanismo que daba un plazo de ocho años para ejecutar las ampliaciones de las viviendas a partir de la aprobación del PGOU en 2001. Los modificados del chalé se solicitaron en el Ayuntamiento en los años 2010 y 2011.
"La aprobación definitiva de la modificación del PGOU permite las ampliaciones de las viviendas y nos ha permitido reanudar las licencias de ese tipo que nos solicitan los vecinos y que teníamos paralizadas desde la sentencia del chalé de Salinas", concluyó Triguero.
