Más de medio millón de euros. Esta es la cantidad que una empresa mercantil radicada en Castrillón defraudó a la Hacienda Pública, según ha admitido hoy su director general. La entidad ya devolvió la cantidad adeudada, junto con los intereses: un total de 641.148 euros. Tanto el directivo como la propia empresa serán condenados por tres delitos contra la Hacienda Pública, correspondientes a las declaraciones por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los ejercicios 2010, 2011 y 2012. El Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés acogió esta mañana la ratificación del escrito de conformidad.

La empresa, bajo la responsabilidad del director general, y sin que hubiesen participado en la decisión los restantes miembros del consejo de administración, omitió en las declaraciones del IVA de los tres años antes mencionados operaciones de venta con la finalidad de minorar las bases imponibles e ingresar una cuotas tributarias inferiores a las debidas.

Con posterioridad a la actuación de la Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la empresa implantó un Plan de Prevención de Delitos para evitar que hechos como los descritos puedan tener lugar en el futuro.

Tras reconocer los hechos, el directivo aceptó 18 meses de prisión, inhabilitación durante el mismo tiempo para el derecho de sufragio pasivo y multa de 350.000 euros. La empresa, por su parte, asume una multa de 215.000 euros así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.