La profesora agredida por un alumno el pasado lunes en un instituto de Avilés denunció los hechos ayer por la mañana en la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad. "Depende del tipo de agresión que haya sufrido, de su declaración, de los partes médicos y otras pruebas se puede detener al menor o no", advirtieron medios policiales ante un caso que ha convulsionado a la comunidad educativa de la ciudad, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Tanto los sanitarios como los profesores están considerados autoridad pública, igual que jueces, fiscales, policías o políticos desde la última reforma del Código Penal. Por este motivo, pegarles cuando trabajan está considerado atentado contra la autoridad, lo que puede acarrear al supuesto autor de los hechos de uno a cuatro años de cárcel si es mayor de edad. "En este caso en concreto hay que estudiar los hechos e investigar qué ocurrió", dijeron las mismas fuentes.

Según ha podido saber este diario, el joven pegó a la docente en el interior del centro educativo. La dirección le ha abierto un expediente disciplinario al alumno, que desembocará en la consiguiente sanción. La presunta agresión tuvo lugar en presencia de otros compañeros. Si bien la profesora afectada rechazó en un primer momento presentar una denuncia ante la Policía Nacional sí acudió ayer por la mañana a las dependencias de Río San Martín.

En Asturias, la ley de Autoridad Pública del Profesor reconoce la autoridad de los docentes que trabajan "en centros sostenidos con fondos públicos en el ámbito del Principado", y establece las condiciones básicas de su ejercicio profesional "con el fin de procurar el adecuado clima de convivencia en los centros educativos y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado".

En cuanto a la reparación del daño, destaca el documento firmado en 2013 por el presidente regional, Javier Fernández: "En los casos de agresión física o moral al docente causada por el alumno o, en su caso, por las personas con él relacionadas, la reparación del daño moral infligido, incluirá la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, y ello sin perjuicio de otras medidas educativas correctoras o disciplinarias que puedan adoptarse, dejando a salvo, en todo caso, las acciones legales que al perjudicado puedan asistirle".