A la Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas" de Avilés no le tiembla el pulso para buscar en los Juzgados las soluciones que se le niegan en otros estamentos institucionales y políticos; incluso en el ámbito social, como quedó de manifiesto a lo largo del proceso emprendido para poner orden en la ocupación de las viviendas del barrio del Nodo de su propiedad: los inquilinos en situación precaria o abiertamente irregular que se negaron a aceptar las condiciones de venta o alquiler del inmueble que impuso la cofradía se toparon de bruces con procedimientos de desahucio. Por cierto, la cofradía los ganó casi todos.

La gran litigiosidad que despliega la cofradía es consecuencia, según explica el secretario de la entidad, Alejandro Álvarez, de "la defensa de los intereses legítimios de la entidad". Quiere decir, que lo que no se logra por cauces de diálogo, acaba en el Juzgado sin más miramientos. Y no les faltan excusas a los actuales rectores de la cofradía para pleitear, empeñados como están en denunciar una campaña de acoso y derribo por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés, la dirección general de Pesca del Principado y la sociedad Nueva Rula de Avilés, instituciones que tienen en común estar bajo el control del PSOE. En cierta ocasión, el entonces secretario general de los socialistas avilesinos Álvaro Álvarez advirtió a la directiva de la cofradía de que o se plegaba a las directrices de la política pesquera regional o acabaría relegada a una posición en la que lo único que haría sería organizar la fiesta de la patrona. Y desde entonces, el enfrentamiento no ha cesado.

A título enunciativo, la Cofradía "Virgen de las Mareas" promueve en el Mercantil de Gijón una acción de responsabilidad social contra trece personas que fueron o son consejeros de la sociedad Nueva Rula de Avilés para aclarar su participación en la realización de ventas de pescado en "B", presentó sendas demandas en defensa de su honor contra el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y el director genereal de Pesca del Principado, Santiago Rodríguez Vega y Alberto Vizcaíno, respectivamente, a raíz de manifestaciones que éstos realizaron en los medios de comunicación, sopesa pleitear para recuperar la explotación del surtidor de carburante pesquero que el Puerto de Avilés ha puesto ahora bajo el control de Nueva Rula de Avilés, demandó a un armador por el supuesto impago de una partida de carburante cifrada en más de 8.000 euros -la cofradía sostiene que este caso está pendiente de sentencia en la Audiencia Provincial-, y recurrió contra el proceso electoral celebrado el año pasado en la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores (el Consejo Consultivo del Principado ha emitido un dictamen que desmonta la pretensión de la Cofradía de Avilés, pero aún así sus dirigentes persisten en proclamar que las elecciones incurrieron en vicios de nulidad).

"Se nos ignora, se nos ningunea, tratan de avasallarnos y de asfixiarnos... La única defensa que nos queda es apelar a la Justicia", justifica Alejandro Álvarez. En medios socialistas interpretan la actitud "hostil" de la cofradía como "una mezcla de pataleta y huida hacia adelante" y advierten de que "los previsibles revolcones judiciales que se llevará serán la puntilla de la entidad".