Faltan medios policiales para atender a las mujeres maltratadas. Así lo asegura el juez Julio Martínez Zahonero, titular del Juzgado avilesino al que llegan los casos de violencia machista del partido judicial, el de primera instancia e instrucción número 5 de Avilés. "Hay muy poco personal para atender todas las situaciones de violencia y de protección a las víctimas. La Unidad de Familia y Mujer tiene muy pocos agentes y en el Juzgado lo notamos muchísimo, especialmente a lo largo de estos dos últimos años. Los atestados no siempre están hechos por personal especializado y se prolongan los tiempos de tramitación de los asuntos", asevera el magistrado, que es además delegado territorial en Asturias de Jueces para la Democracia.
En la protección de mujeres maltratadas trabajan dos agentes de la Policía Nacional y dos de la Local, y en la confección de denuncias y diligencias de investigación cuatro policías nacionales, que además de casos de violencia doméstica tramitan asuntos relacionados con menores, desaparecidos, etcétera, según las fuentes consultadas. En la actualidad, la Policía Nacional y la Local protegen a 103 víctimas en Avilés, que tienen órdenes de alejamiento en vigor.
Las estadísticas judiciales reflejan que el año pasado se solicitaron en Avilés 93 órdenes de protección, el 94% a petición de las víctimas y el 6% solicitadas de oficio por el Juzgado. Se concedieron 60, el 64%, un porcentaje que se encuentra por encima de la media nacional, que ronda el 60%. "En 2016, se pidieron menos órdenes de protección pero se concedieron más (en 2015 fueron 119 las solicitadas y 73 las aceptadas, el 61,34%) y se incrementaron sensiblemente el número de asuntos. Esto último lo relacionamos en parte a que ahora todos los casos de quebrantamiento de condenas llegan a este Juzgado, cuando antes se repartían por todos los de instrucción", explica Julio Martínez Zahonero.
Precisamente los quebrantamientos de condena se dispararon en el último año en el partido judicial: de los 21 registrados en los Juzgados en 2015 se pasó en 2016 a 59, es decir, casi se triplicaron en doce meses.
El titular del Juzgado de violencia machista ha detectado que cada vez víctimas y denunciados son más jóvenes, a partir de los 18 y 20 años. "Parece que los jóvenes son impermeables a las campañas de sensibilización, algo no funciona. Estos casos suelen estar relacionados con el acoso y el control por las redes sociales, el correo electrónico, los teléfonos móviles. La modalidad más habitual es el hostigamiento, el acoso y el control de la conducta", indica Martínez Zahonero.
De vuelta a los números, en el Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 entraron el año pasado 407 asuntos, se resolvieron 439 y quedaron pendientes 72. El año anterior fueron 353 los asuntos que se ingresaron, 357 los que se resolvieron y quedaron pendientes 92. "Pese a que en el último año ingresamos 50 asuntos más que en 2015 hemos conseguido reducir el número de asuntos pendientes", aclara el juez.
Julio Martínez Zahonero se refiere al debate abierto sobre la posible supresión de la dispensa de la obligación de declarar que actualmente se contempla para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando sean denunciantes o estén personadas en la causa para ejercer la acusación particular. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, propuso recientemente al Gobierno la supresión de esa dispensa. Su argumento: un elevado número de mujeres se acoge en la actualidad a esta dispensa de la obligación de declarar en contra de sus maridos o compañeros, bien en fase de instrucción, pudiendo dar lugar al archivo del procedimiento o bien en el juicio oral, con el resultado, en ocasiones, de una sentencia absolutoria, si no existen más testigos de los hechos, pudiendo trasladarse una imagen de impunidad.
Para Martínez Zahonero, ese planteamiento no puede ser más erróneo: "Suprimir la dispensa conlleva aplicar a las mujeres el régimen general y eso significa castigarlas por no declarar. Si no quieren hacerlo será por miedo, porque no se fían del sistema o por lo que sea. Pues habrá que incidir en las causas, pero la solución no es meterles una multa de entre 200 y 5.000 euros y perseguirlas por un delito de desobediencia grave. Porque esa sería la consecuencia de suprimir la dispensa a declarar", aseveró el magistrado. Por otra parte, Zahonero cree que el partido judicial avilesino no cuenta con carga de trabajo suficiente como para crear un Juzgado especializado de violencia machista.
