Una comisión de investigación para determinar las responsabilidades administrativas y políticas por las reiteradas sentencias en contra de la designación del director del Conservatorio: esta es la petición de USIPA, el sindicato que está, con sus denuncias, detrás de dichas sentencias. "El espectáculo y las consecuencias no las puede pagar una institución ejemplar en la educación avilesina, pionera de muchas cosas, sino los responsables de tales desaguisados", señaló el portavoz de USIPA, Manuel Mendoza.
El sindicato, además, sigue con la idea de impugnar las bases para el concurso que prepara el Ayuntamiento con el objetivo de seleccionar al nuevo director. "Esas bases vulneran principios constitucionales, la Ley de Educación y el Estatuto Básico del Empleado Público, por lo que van a ser impugnadas y anuladas seguramente por la jurisdicción contencioso administrativa, por culpa y causa de la cabezonería del gobierno municipal, incumplidor del respeto a las leyes y al ordenamiento jurídico vigente", auguró Mendoza. Sin embargo, dichas bases han recibido el visto bueno por parte del resto de sindicatos municipales.
El primer nombramiento anulado por el juez fue el de la entonces directora Raquel García, mediante un concurso que se había publicitado únicamente en el tablón de anuncios del centro. El Ayuntamiento no recurrió la sentencia, algo que USIPA le afea, ya que considera que lo razonable hubiera sido recurrir para ganar tiempo y al menos poder planificar la actuación de futuro, o pedir al juez un aplazamiento hasta realizar "un proceso selectivo correcto y conforme a la ley". Sin embargo, la decisión del gobierno fue nombrar, en comisión de servicios a un funcionario procedente de otro centro educativo, Carlos Galán, ante la evidencia de que en el Julián Orbón no hay ningún funcionario y la sentencia anterior determinaba que el director tenía que tener esa categoría.
A instancias de USIPA, los juzgados han dictado dos sentencias que anulan el nombramiento de Carlos Galán y critican la falta de publicidad del concurso. Además, el sindicato sostiene que "el Ayuntamiento no puede convocar dicho concurso para nombrar director, porque no es administración educativa, y cualquier convocatoria tiene que ser, como mínimo, autorizada por la Consejería de Educación".
La concejala de Educación, Yolanda Alonso, sostiene sin embargo que aunque el Ayuntamiento no es administración educativa, sí tiene las competencias en este caso para poder convocar un concurso. Así las cosas, la incertidumbre sobre el futuro de la institución educativa continuarán en las próximas semanas. La intención del gobierno es convocar lo antes posible el concurso para nombrar al nuevo director para el inicio del próximo curso. Está por ver que dicho concurso llegue a buen puerto y los designios sindicales y judiciales no trunquen el empeño.
