La Fundación del Niemeyer pide pruebas para su acusación contra los exgestores
El abogado reclama nuevos documentos y un informe de la Agencia Tributaria
La Fundación del Centro Niemeyer ha solicitado una serie de pruebas previas a la presentación de su acusación en el caso judicial por la gestión del exdirector del complejo, Natalio Grueso, y varios miembros de su equipo. El abogado de la citada fundación ha solicitado al Juzgado de instrucción número 2 de Avilés un nuevo ejemplar del CD de la Agencia Tributaria "idéntico al incorporado en un sobre en orden a sustituir aquel que en su día aportó en sede judicial y en cuyo interior se encuentro no solo su informe pericial sino la documentación en la que se basó". También pide otro CD, en este caso a la Consejería de Cultura, "que permita acceso a su contenido ya que el que actualmente obra en autos, no es susceptible de ser abierto".
La Fundación reclama además al abogado del exjefe de producción del Niemeyer, Marc Martí, que presente una serie de documentos ya que algunos están "cortados" y otros no se hallan en la documentación. En el caso de que no se admitiera la práctica de esas pruebas, el letrado de la Fundación del Centro Niemeyer pide al Juzgado la suspensión del plazo para calificar y que a su vez aporte copia u original de un cd rom del informe pericial y la documentación de la Agencia tributaria, y de los otros documentos solicitados sobre una subvención nominativa fechada en 2008.
La acusación de la Fundación está por definir a la espera de esas pruebas. La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó recientemente una pena de veinticinco años y tres meses de cárcel, pago de multas que suman 46.000 euros y de indemnizaciones por valor de 245.000 euros para los cinco acusados del "Caso Niemeyer", la investigación judicial abierta en diciembre de 2012 a instancias del Principado por presuntas irregularidades en la gestión del centro cultural cuando estaba bajo la dirección de Natalio Grueso. Precisamente, Grueso afronta la mayor pena: 11 años de cárcel y una década de inhabilitación para cualquier contrato con las administracion.
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