El 70% de las familias cuyos alumnos están escolarizados en las escuelas del primer ciclo de Educación Infantil secundaron ayer el primer día de huelga de las educadoras y no enviaron a sus hijos a clase. Con canciones y pancartas ambientaron las trabajadoras la protesta para exigir "una mejor educación, un mejor servicio y unas relaciones laborales justas". Un pequeño grupo de educadoras -la mayoría tuvieron que asistir a su puesto de trabajo para cumplir con los servicios mínimos impuestos por el Ayuntamiento- se plantaron en la plaza de España y, arropadas por los sindicatos y por todos los partidos municipales, a excepción del PSOE, reclamaron la atención que, según afirmaron, se les hurta. "No somos invisibles", clamaron, entre otros lemas.

En el manifiesto que leyeron hicieron repaso a los orígenes de su situación actual. En 2003, explicaron, se aprobó el convenio colectivo del personal laboral de las escuelas de Infantil, de ámbito regional. Con el transcurso de los años, como no se revisaba dicho convenio, algunos ayuntamientos incluyeron al personal en su propio convenio. "En el caso de Avilés, en 2008 se firma un nuevo acuerdo regulador de las condiciones de trabajo. El técnico en Educación Infantil está en el catálogo de puestos no permanentes adscrito al grupo C1, pero en cuanto a las retribuciones son incluso menores que las de otras profesiones del grupo inferior", criticaron las trabajadoras.

Las reclamaciones son tres: igualdad salarial en relación al mismo grupo de cualquier otra categoría profesional, igualdad en cuanto a jornada laboral y beneficios sociales y reconocimiento de los periodos lectivos y no lectivos dentro del horario de trabajo. En definitiva, la inclusión de la categoría de técnico en Educación Infantil en la relación de puestos de trabajo.

El sindicato USIPA ha recurrido los servicios mínimos y mañana viernes está previsto que el juez analice las medidas cautelares que reclaman. Si da la razón a las trabajadoras, y los servicios mínimos son excesivos, tiene previsto iniciar una querella para pedir la inhabilitación del concejal de Personal, Raúl Marquínez.