El magistrado Ricardo Badás ha abierto juicio oral contra los investigados en el "caso Niemeyer": el exdirector Natalio Grueso, su exmujer, J. P.; el agente de viajes J. M. V.; el exsecretario José Luis Rebollo y el exjefe de producción Marc Martí. Se celebrará en la Audiencia Provincial por varios delitos, entre ellos, malversación y estafa, por los que los investigados, bien como autores o como cómplices, afrontan penas de entre quince años y un año y medio de cárcel. El juez, además, ha abierto piezas de responsabilidad civil por las sumas reclamadas a los investigados y establece fianzas que suman 245.000 euros, de los que 90.000 corresponden a Grueso.
El magistrado concluye que "se encuentra justificada la apertura de juicio oral como interesan tanto el Ministerio Público como las acusaciones popular (Foro Asturias) y particular (la Fundación del Centro Niemeyer) personadas, siendo dichas acusaciones coincidentes de forma sustancialmente idéntica en la calificación de los hechos que se imputan a los distintos investigados".
Badás rechaza retirar el pasaporte a Natalio Grueso y J. M. V., como solicitaron los actuales gestores del Niemeyer. "No se aprecia necesidad ni justificación alguna para la adopción de ninguna de las mencionadas medidas restrictivas, ya que los acusados han comparecido a todos y cada uno de los llamamientos que se les ha efectuado, y no se vislumbra indicio alguno de que los mismos pretendan sustraerse a la acción de la justicia".
El magistrado también fija en su auto fianzas para los investigados y abre piezas separadas de responsabilidad civil: de Natalio Grueso por importe de 90.000 euros; de J. P., por importe de 65.000; de J. M. V. por 80.000 y de 10.000 para Martí. En el caso de J. M. V., declara como responsable civil subsidiario a la empresa para la que trabajaba, Viajes El Corte Inglés.
Los investigados deberán depositar en el juzgado estas cantidades o bienes por su valor para asegurar el pago de las sumas reclamadas en caso de ser condenados. De no hacerlo, advierte el juez en su auto, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
El "caso Niemeyer", que arrancó hace cuatro años y medio a raíz de una denuncia de la entonces consejera de Cultura Ana González, pasará a la Audiencia Provincial dada la elevada cuantía de las penas solicitadas. El siguiente paso será dar traslado a los investigados para que presenten sus correspondientes escritos de defensa. Dados los plazos, la anterior etapa gestora del complejo cultural no llegará a juicio hasta 2018.
