La titular hasta su reciente cierre del popular restaurante avilesino Casa Carreño, Irene Gutiérrez García, nieta de los fundadores del negocio, ha querido dar su versión de la inesperada clausura del establecimiento por boca del abogado Alejandro García Tena para aclarar fundamentalmente tres aspectos: que el cese de actividad fue consecuencia de la imposibilidad de la titular de seguir dada de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, que a los trabajadores se les pagó hasta el último céntimo del dinero que les corresponde por ley para el caso presente y que, incluso, a los empleados se les ofreció la posibilidad -que ellos rechazaron- de proseguir con la actividad hostelera de Casa Carreño "en condiciones muy ventajosas".

Así las cosas, ahora mismo el futuro de Casa Carreño está en el aire; la familia propietaria del local -repartido en virtud de una herencia- estuvo de acuerdo en ofertar a la plantilla la continuidad de la actividad pero no tiene decidido qué hacer si llegase en el futuro un ofrecimiento de reapertura proveniente de terceras personas.

Según el abogado García Tena, "la Seguridad Social expulsó del régimen de autónomos a Irene Gutiérrez García, que se hallaba en situación de incapacidad laboral temporal, al agotarse el tiempo máximo que un cotizante puede estar acogido a esa figura; en consecuencia, no podía seguir desempeñando la actividad empresarial y procedía el cese del negocio". Y prosigue: "Tal hecho se comunicó a los trabajadores, incluido Javier, el hermano de Irene Gutiérrez García, un empleado más de Casa Carreño, a la vez que se les ofreció continuar con la actividad a cambio del pago de una renta ínfima y su compromiso de mantener todos los contratos. Vencido el plazo para responder a esa oferta, ninguno mostró interés". El abogado concluye resaltando que "a cada uno de los trabajadores se le liquidó e indemnizó en los términos previstos por la ley para estos casos, informándoles en el mismo momento del derecho que les asistía para no firmar la conformidad; cuatro de ellos aceptaron los términos liquidatorios, dos lo hicieron tras recibir un burofax y una séptima persona aún no ha dado respuesta".