Las reiteradas sentencias en contra de la gestión municipal del conflicto del Conservatorio Julián Orbón no han hecho sino dar alas a su instigador, el portavoz del sindicato USIPA, Manuel Mendoza. Su siguiente paso será llevar a la Fiscalía la presunta ilegalidad de los títulos que lleva expidiendo el Conservatorio desde hace más de una década. Y es que sostiene -igual que la anterior directora, Raquel García-, que algunos profesores no tienen la titulación adecuada para los estudios que imparten; de ahí que, según USIPA, los títulos que expide el Julián Orbón no tengan valor legal. "Pensamos que la caída en desgracia de Raquel García se produjo cuando detectó esta situación y la puso en conocimiento de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, para que la subsanara. Pero aquí no se subsana nada. Cuando yo hace años denuncié corrupción en la plaza de abastos, me destituyeron", criticó.

Este fue, para Mendoza, el punto de partida de un conflicto del que aún no se conoce el final. El portavoz de USIPA critica que en aquél momento el Ayuntamiento no hubiera recurrido la sentencia que anulaba el nombramiento como directora de Raquel García, mientras que ahora recurre -y pierde- todas las sentencias contrarias al nombramiento del actual director, Carlos Galán. "Quisiéramos saber por qué el Ayuntamiento se dio tanta prisa en destituir a Raquel García sin pedir una moratoria. Es chocante". Que el juzgado haya impuesto siempre las costas al Ayuntamiento muestra, según Mendoza, que el incumplimiento de la ley ha sido flagrante. "Y sin embargo nadie asume responsabilidades".

La batalla continuará en los tribunales, con el recurso que ya presentó USIPA contra las bases del concurso para seleccionar al nuevo director, concurso que ganó Carlos Galán. "Vamos a ganar el juicio", auguró. Hay, además, otra demanda en curso contra la comisión que aprobó las bases para la selección del director. Asimismo, USIPA recurrirá la selección propiamente dicha, ya que Galán obtuvo más puntuación de la que hubiera obtenido sin haber sido ya director, nombramiento que queda anulado por el juez. Y Mendoza también acusa de prevaricación administrativa a Galán y a Alonso. Todo un galimatías judicial.

Frente a quienes le culpan de querer cerrar el Conservatorio y perjudicar a sus profesores, el abogado y portavoz de USIPA niega la mayor: "El problema es que el Ayuntamiento no ha cumplido con la legalidad vigente. Puede ir a un régimen transitorio con el profesorado que tiene, hacer un proceso de funcionarización, estabilizar la plantilla y a partir de ahí encontrar soluciones reales y legales", indicó. Y en el caso de que el Principado se hiciera cargo del Conservatorio -tal y como reclama tanto USIPA como los partidos de la oposición- no habría consecuencias para los docentes, según aseguró: "En Castilla y León pasó y no se despidió a nadie". Y añadió: "No queremos que se convierta en una escuela de música, pero eso no significa que haya de ser un cortijo".