Las indagaciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés en tiempos del Gobierno de Foro, Raimundo Abando, sobre las prácticas supuestamente fraudulentas de la rula avilesina para ocultar ventas de pescado al Fisco reservan un papel preponderante para el gerente de la instalación, Ramón Álvarez, al que Abando señala como la persona encargada de mover el dinero negro generado por la ocultación de ventas. Esa "caja B" de la rula habría llegado a contener 606.000 euros, según la tesis del expresidente, que es coincidente con la demanda judicial que formuló la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas". "Al menos eso es lo que pudo probar el inspector de la Agencia Tributaria en relación a los años 2009, 2010 y 2011; seguramente la cantidad sería mayor sumando los años no investigados", señala Abando.
El exresponsable de la Autoridad Portuaria de Avilés apunta al gerente de la rula, Ramón Álvarez, como el encargado de gestionar la "caja B" dada su condición de gerente y persona al tanto del entramado informático y comercial dispuesto para hacer posible la defraudación. La sospecha de Abando sobre el destino final del dinero es que servía "para remunerar bajo manga con sobresueldos al propio gerente y a su equipo de confianza". En opinión del expresidente de la sociedad gestora de la rula, "los miembros del consejo de administración de la lonja no tenían acceso a ese dinero, entre otras cosas porque ignoraban su existencia".
Pero, ¿cómo se generaba el dinero negro? A ese respecto, la investigación de Abando es ilustradora: "El sistema informático que deja constancia de la actividad comercial del a rula tiene tres subsistemas. Existe una aplicación de software donde queda constancia de las ventas, sujetas a numerosas incidencias y realizables en varios formatos. Esa aplicación vuelca los datos en otro sistema intermedio en el que es posible realizar modificaciones. Y el tercer subsistema es, propiamente dicho, el de gestión contable, que funciona de modo automático. Las ventas en B se gestan en el sistema intermedio, donde es posible 'despistar' partidas o, directamente, no hacer constar determinadas ventas", relata Abando. No obstante, la presunta ocultación de ventas, Abando sostiene que "lo que la rula no perdonaba era el cobro de sus comisiones, un 3 por ciento al armador del barco que vendía y otro tanto al comprador que adquiría la mercancía.
El segundo pagaba el importe de la compra realizada más el 3 por ciento y el primero recibía el 97 por ciento del importe de la venta. El seis por ciento de diferencia entre la primera cuantía y la segunda era lo que entraba en la caja B de la rula".
"Las cuentas de la Agencia Tributaria" -prosigue Abando- "son matemáticamente elocuentes al respecto de ese modus operandi: sobre un total defraudado de 10 millones de euros, la generación de dinero negro es de 606.000 euros entre los años 2009, 2010 y 2011. De 2012 no se pudieron extraer conclusiones porque los soportes digitales de la contabilidad 'desaparecieron' días antes de la inspección".
Abando dice tener indicios de que alrededor de la venta de pescado "en B" en la rula de Avilés se urdió una trama de "amiguismo" dentro de la cual el gerente, Ramón Álvarez, era quien decidía "quién podía comprar o vender 'en B' y quién no. Había una corte de elegidos de la que se formaba parte siendo 'buenos chicos'; y quien no estaba en ese selecto grupo no podía operar en negro".
Todo estaba tan calculado, prosigue el expresidente del Puerto, que para evitar la detección del pescado vendido "en negro" en una hipotética inspección rutinaria de los camiones de reparto "se expedían albaranes duplicados". Abando explica cómo funcionaban éstos: "Todo pescado que se vende legalmente en la rula sale de la misma acompañado de una guía, que es el documento que prueba su origen y da cuenta de las características del producto y de su destino. Como al pescado vendido 'en B' no se le puede hacer una de esas guías, la treta consistía en duplicar un albarán 'bueno' y documentar con esa copia remesas pirata en la confianza de que difícilmente iban a ser inspeccionados a la vez dos vehículos: el que llevaba el alabarán 'bueno' y el que llevaba el duplicado".
A juicio del expresidente portuario, la decisión de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas" de ejercitar la acción de responsabilidad social contra trece consejeros y exconsejeros de la rula -una entidad de la que la Cofradía es accionista- "es de puro sentido común, pues lo ocurrido es gravísimo y lesivo tanto para la Cofradía, en tanto que copropietaria de la rula, como para el interés público, habida cuenta de que la mayoría del capital está en manos de sendas instituciones: la Autoridad Portuaria y el Principado de Asturias. Es de todo punto inadmisible que quienes en esos organismos conocían lo que se estaba haciendo no interpusieran una demanda contra el responsable -o sea, el gerente- por administración desleal, apropiación indebida y fraude. Lejos de eso, una vez confirmada por la inspección de Hacienda la existencia de defraudación al Fisco, se vuelve a contratar a esa persona. Es algo insólito".
