La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, más conocida como la ley Montoro, mantiene atada de pies y manos la capacidad inversora del concejo de Soto del Barco, que "no debe ni un céntimo de euro a nadie", apostilla el Alcalde, Jaime Menéndez Corrales. "Pagamos a los proveedores a trece días, tenemos un remanente de tesorería líquido de más de un millón y medio de euros y casi 200.000 euros de superávit... y aún así tenemos limitadas las inversiones, tan necesarias para los vecinos", lamenta el regidor sotobarquense, que destaca además que en 2017 el Ayuntamiento solo estuvo autorizado a gastar 80.000 euros para la reparación de caminos en la zona rural, que saldrán a licitación en los próximos días.

La queja de Menéndez Corrales llega una vez que el Ayuntamiento haya aprobado un presupuesto de 2,7 millones. Las cuentas incluyen varias partidas para generar empleo en el municipio con la contratación de dos plazas de funcionario: un auxiliar administrativo y un peón. Además, se incluye una plaza de informador turístico de tres meses, un agente de desarrollo local, cuatro policías de verano, un puesto de funcionario interino de Policía Local, cuatro peones por tres meses a media jornada como refuerzo del servicio de limpieza y una plaza de auxiliar con contrato en prácticas y tres peones durante un año con los planes de empleo.

Para la Mancomunidad de las Cinco Villas, el Ayuntamiento invertirá 235.000 euros para inversiones sociales como la ayuda a domicilio, dependencia, pobreza energética y para la Escuela de música y el centro asesor de la Mujer. Las asociaciones del concejo recibirán 45.000 euros y el Teatro Clarín, 14.000 euros para programación cultural.