La formulación de varias excepciones procesales -cuestiones concretas que plantea la parte demandada para oponerse a la continuación del proceso- aconsejaron ayer, en opinión de la jueza de lo social encargada del caso, posponer hasta el 16 de febrero la celebración de la vista programada para ayer al objeto de dirimir las responsabilidades de cinco empresas en la recolocación laboral de "los 34 de Montrasa", el colectivo de trabajadores auxiliares que prestaba servicios en la fábrica avilesina de Alcoa hasta que en abril de 2016 fueros despedidos por su compañía, Montrasa Maessa Asturias (MMA). La jueza da este tiempo para que la parte demandante subsane, si es que puede, esas cuestiones de índole procesal.

Este nuevo retraso judicial en la resolución de un conflicto cada vez más enquistado generó "estupefacción" entre los trabajadores demandantes, una treintena de personas que no se explica aún cómo es posible que hayan ganado la mayoría de los pleitos celebrados y aún sigan sin tener claro su futuro laboral y, lo que es peor, condenados a una situación económica precaria.

La formulación de excepciones procesales es un estrategia habitual en los litigios de índole laboral y en esta ocasión la parte que usó esta herramienta jurídica fue la propia empresa de los trabajadores, cuestión que mereció la recriminación del portavoz del colectivo, Ricardo Martínez: "Es incomprensible que sea la propia Montrasa la que pone piedras en el camino y se opone a la resolución del litigio puesto que cada día que pasa engorda la factura que tiene contraída con nosotros en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró nulos nuestros despidos y que, a efectos prácticos, viene a restituirnos en los puestos de trabajo con derecho al cobro de los salarios atrasados desde abril de 2016".

Una de las excepciones procesales que formuló el abogado de MMA llamó poderosamente la atención de "los 34 de Montrasa": la empresa alega indefensión por desconocimiento de las categorías profesionales y los grupos de cotización de los trabajadores a los que en su día despidió. "Son ganas de marear la perdiz y dilatar la solución", criticó Martínez.

Otra de las excepciones procesales incide en que, en virtud de la pretensión de "los 34 de Montrasa" de ser recolocados en otras empresas auxiliares conforme a lo que disponen los Acuerdos de Oviedo (el pacto regulador del sector auxiliar suscrito por las empresas, los sindicatos y el Principado), deberían ser demandados todos aquellos otros trabajadores susceptibles de ver rescindido su contrato para "hacer sitio" a la recolocación de "los 34 de Montrasa", que en realidad ya son solo 30 porque cuatro se han jubilado durante el conflicto.

Una tercera excepción procesal, ésta planteada por algunas de las empresas auxiliares codemandadas como posibles destinos laborales del colectivo de despedidos de Montrasa, refiere la diferente actividad productiva a la que se dedican esas firmas y, en consecuencia, la supuesta imposibilidad de asumir como personal propio los "excedentes" de MMA.

El portavoz de "los 34 de Montrasa", pese al inesperado aplazamiento del juicio de ayer, mantiene su "confianza en la Justicia" a la vez que reclama la intervención mediadora del Principado, cuyo "pasotismo" en este asunto merece la más dura de las críticas, en especial la del secretario comarcal de CC OO, José Manuel Rodríguez Baltar, personado ayer a la puerta del Juzgado avilesino como gesto de apoyo al colectivo: "El Principado, como firmante de los Acuerdos de Oviedo, tiene una obligación clara de mediar en este asunto y puede forzar una solución fuera del marco judicial. Del mismo modo, a Alcoa hay que reclamarle que dé ideas o facilite una salida".