La potestad sancionadora de la Policía Portuaria de Avilés se demostró recientemente con la imposición de una multa de 600 euros al armador del barco "Luscinda"; supuestamente, el pesquero estaba atracado en un lugar prohibido y concurría la circunstancia de reincidencia. Según consta en el boletín de denuncia, el arrastrero invadía una parte del muelle pesquero que debe dejarse libre para uso de los barcos que desean repostar gasoleo en el surtidor de la rula. Como al parecer no era la primera vez que esto ocurría y las advertencias verbales previas no habían tenido efecto, los vigilantes del puerto sacaron el bloc de denuncias y procedieron a hacer la multa correspondiente.

El armador del barco sancionado, José Ignacio Santiago, que ocupa el cargo de vicepatrón de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas", añade este episodio a la "persecución" de la que es objeto por parte del presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, a la sazón firmante del expediente abierto a la armadora del buque. Como es de sobra conocido, la cofradía "Virgen de las Mareas" y el Puerto mantienen unas relaciones marcadas por la tirantez; la primera tiene abierto un frente judicial, entre otros, para depurar las responsabilidades de trece consejeros portuarios en la gestión de la lonja de pescado avilesina y al ente portuario no le tiembla el pulso para arrinconar a la cofradía pesquera, a la que, por ejemplo, quitó la concesión del surtidor de combustible y varios de los locales que ocupaba en el recinto portuario.

En su defensa, José Ignacio Santiago alega que el barco estaba, efectivamente, atracado "cerca del surtidor de gasoil" pero que los hechos ocurrieron un fin de semana, un periodo en el que no se despacha combustible siendo costumbre que los pesqueros aprovechen esa circunstancia para atracar en la zona. Así mismo, el armador asegura que "había más barcos, pero el único multado fue el mío". Administrativamente, sus alegaciones cayeron en saco roto.